Por: Adriana Ochoa
En la primera fila de invitados especiales al Informe de Resultados del gobernador “y padrino” de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, Yasmín Esquivel Mossa, integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mandatario la presumió en las galerías fotográficas del evento y salutación, el llamado “besamanos”, que subió a sus redes.
Tal y como la anunciaron, la juzgadora de nuestro máximo tribunal no trajo al informe representación institucional alguna. Acudió motu proprio. Según el INE, Esquivel Mossa fue la candidata a ministra más votada en la elección de personas juzgadoras en San Luis Potosí (160 mil 637 votos), muy por encima del hoy presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz ((100 mil 386) y Lenia Batres Guadarrama (92 mil 286).
Si Aguilar Ortiz y Batres Guadarrama fueron el primero y segundo más votados a nivel nacional, en SLP doña Yasmín se los llevó de calle en una elección, federal y concurrente local, bajo el control acordeonero del gobernador y su franquicia Verde.
La ministra Esquivel Mossa tiene en su ponencia el Recurso de Reclamación 43/2025-CA que presentó la UASLP, luego de que en agosto pasado fue desechada su controversia constitucional contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
El gobernador, con el IFSE como ariete, insiste en auditarle a la UASLP recursos qué ésta genera con la prestación de servicios y otros conceptos. El artículo primero de la Ley Orgánica de la UASLP señala que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, “posee personalidad jurídica, está dotada de autonomía, y cuenta con patrimonio propio, capacitada para adquirir y administrar los bienes muebles e inmuebles necesarios para realizar su objeto”. En términos sencillos, del ejercicio de su patrimonio propio, responde la propia institución porque es autónoma.
El artículo 17 de la misma ley, fracción IV, señala que son patrimonio universitario “los bienes, derechos, acciones, valores, subvenciones y otros ingresos que haya adquirido y adquiera por cualquier título legal”. Y el artículo 20 establece que “el Órgano Interno de Control, es el ente oficial en materia de fiscalización” de la UASLP. Agrega que en fiscalización externa, se aplicará lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, “siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria reconocido por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El gobernador acusa con una media verdad que es una mentira propagandística completa: la UASLP, señala, “no se deja auditar”. En efecto, la UASLP no permite que le auditen recursos que ella misma se generó porque para eso es autónoma. Permitirlo sería un acto de sumisión. Del ejercicio de recursos federales, la UASLP recibe la revisión puntual de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos resultados son públicos y cualquiera puede consultar en el portal de la ASF.
De igual forma el IFSE, órgano fiscalizador estatal debe y puede auditar a la UASLP en el ejercicio de recursos estatales, si es que los recibe. Pero ahí estriba el problema de la fiebre fiscalizadora del gobernador: no hay recursos estatales por auditar porque su gobierno no los entrega.
El gobernador firma cada año convenios Federación-Estado-UASLP para establecer el aporte estatal a la Universidad, pero su administración no lo cumple. El Gobierno del Estado ha recibido ya la mayor parte del recurso federal de este año que debe entregar a la UASLP, pero no lo ha hecho. El adeudo ya supera los 170 millones de pesos.
Pero le ha escamoteado a la UASLP mucho más. En ánimo de acuerdo, el año pasado la UASLP aceptó que la aportación estatal comprometida se hiciera en obra. El gobernador acudió a la Facultad de Ciencias de la UASLP y, ante maestros y muchos jóvenes alumnos, comprometió obras que ni siquiera comenzaron. Y culpa a la UASLP de no haberle permitido construir, otra mentira que no puede sostener documentalmente.
Su cantaleta de la UASLP resistente a la revisión de cuentas es uno más de sus bulos, repetido muchas veces por su ecosistema de medios y redes alineadas. Para las universidades autónomas, la Auditoría Superior de la Federación audita el ejercicio de recursos federales que ejercen. A su vez, los órganos fiscalizadores estatales revisan el ejercicio de los recursos que les dan los gobiernos de los estados. Un orden simple y claro. Si no se entiende, consulte a su neurólogo de confianza.
El IFSE, controlado por el gobierno de Gallardo, pretende auditarle a la UASLP recursos que el Estado no le da, meterse en el patrimonio que le es propio y que por ley y orden constitucional tiene autonomía para manejar.
Por eso la UASLP se fue a la controversia constitucional previa. El medio de defensa fue desechado como improcedente pero no discutido a fondo el tema.
La Suprema Corte admitió a trámite el recurso de reclamación promovido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se abrió la posibilidad de que el Pleno analice nuevamente si la UASLP tiene legitimidad para promover una controversia constitucional en defensa de su autonomía. Lo que se decida, va también para otras universidades autónomas del país.
No, no es irrelevante que el expediente de la UASLP fuera a dar a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La ministra le puso una mordaza a la UNAM para evitar que su Comité Universitario de Ética hiciera público el resultado de la resolución sobre el plagio de la tesis que presentó para obtener la licenciatura en Derecho.
A finales de 2022, el escritor Guillermo Sheridan denunció en Latinus que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría plagiado la tesis que presentó en 1987 para obtener la licenciatura en Derecho. La tesis que Esquivel Mossa presentó tiene muchas similitudes con otra tesis presentada un año antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Esquivel Mossa, ya ministra, consiguió un certificado de derechos de autor y antes de que el dictamen de la UNAM pudiera hacerse público, interpuso recursos legales ante tribunales federales. Un juez le otorgó el amparo y ordenó a la UNAM abstenerse de divulgar cualquier información o resolución relacionada con el caso, incluyendo el dictamen final del Comité de Ética. El argumento principal era que hacerlo podría vulnerar los derechos de la ministra. La UNAM la consideró una interferencia inadmisible a su autonomía, pero acató.
El perfil de X de la ministra se encabeza con un gráfico donde establece su premisa: “Justicia de puertas abiertas”. Como no sea para despejar el camino a la intervención de gobiernos en las universidades autónomas públicas…
