El dinero no trae la felicidad, pero si se la lleva cuando se va. Dicho popular.
Por un instante parecía posible que la propuesta de dotar de autonomía al fiscal anticorrupción, fuese aprobada en el pleno del congreso del estado. La diputada Isabel González Tovar, una de las impulsoras de la iniciativa no pudo ocultar su frustración, aunque el acuerdo fue aprobado, se requería mayoría calificada por ser una reforma constitucional.
Difícilmente un gobierno como el de Juan Manuel Carreras López se iba a colocar la soga al cuello el mismo, no andaría haciendo tantos malabares al final de su periodo de gobierno si no pretendiera ocultar semejante montaña de excremento. Su estilo amodorrado de gobernar permitió que sus colaboradores pudieran aumentar su poder y patrimonio al amparo de la opacidad.
La secretaria de gobierno, encabezada por Alejandro Leal Tovías es, desde hace tiempo, la todopoderosa conspiradora y ejecutora del gobierno. Con el paso de los años, los diversos actores políticos fueron decepcionandose del cordial personaje que les tendía la mano. El “caco” Leal es al final del gobierno, el responsable de la transición y también de las consecuencias jurídicas y políticas del garlito.
El secretario de gobierno está inmerso en una conjura política, preservar su lugar de privilegio en la candidatura de su mentor Juan Ramiro Robledo Ruíz, el ahora magistrado del tribunal de justicia administrativa debió haber sido gobernador hace mucho tiempo, pero las vicisitudes de la vida y la inoportuna intervención de un duendecillo llamado Horacio le impidió en en diversas oportunidades acceder al espacio con el que sueñan todos los políticos potosinos. En otras ocasiones, simplemente fueron las circunstancias quienes se interpusieron para evitar la consumación de un proyecto político aquilatado por décadas.
La amistad de Juan Ramiro Robledo Ruíz con el presidente de la república, alienta los sueños húmedos del séquito de macabeos que siempre han sobrevivido en el medio político local gracias a su condición de rémoras del personaje. Los hay desde tiralevitas y zalameros, hasta pretenciosos y eternos burócratas. La mayoría de ellos no saben ganarse el pan dignamente, el que no lo tuvo que recoger del piso, tuvo que hacer algún inconfesable y poco higiénico acto de sumisión.
Bajo la dinámica de la tradición política, Juan Ramiro Robledo tiene sobradas cualidades para gobernar San Luis Potosí, es un académico destacado y un profesional de la política, elocuente orador y culto conversador. Pero como muchos en la historia de este pueblo, se pierde en las “querencias”. Su círculo cercano, en su mayoría adolece de las características de los políticos profesionales, ya no se diga de personas honorables.
Los “macabeos” jamás olvidan su origen en el partido revolucionario institucional, se siguen comportando exactamente igual que hace treinta años, las genuflexiones como un ritual cortesano que eleva la condición jerárquica del líder. La mayoría conversan de la grandeza de lo que alguna vez fueron, cuando la revolución les hizo justicia por vía de ser recomendado a cierto cargo burocrático que les trajo prestigio y bonanza económica. No pasan de ser un grupo de senectos en condición deplorable que buscan afanosamente pasar la estafeta a sus vástagos.
La propuesta de Felipe Aurelio Torres a la fiscalía anticorrupción no pasó el filtro del congreso del estado, desde hace algún tiempo el gobernador tiene problemas económicos y eso le dificultan los acuerdos en el legislativo donde solo mantiene una minúscula fracción de cinco diputados. En este mundo todo se arregla con dinero, desde la ley hasta el amor y ni se diga la felicidad. El poder se mantiene corrompiendo sátrapas y premiando a los aliados políticos.
Tal vez la transición de Juan Manuel Carreras sería más tersa de no ser por la pandemia. “Esta crisis nos ha afectado a todos”, aseguró un delincuente que fue atrapado con la bolsa llena de estupefacientes y advertía que para esas horas de cualquier viernes, ya había terminado la mercancía. Curiosa coincidencia de situaciones las que afectan por igual medida, a los clanes que administran la ciudad.
Si el gobernador Carreras tuviera los operadores políticos adecuados y los recursos económicos necesarios, no le habrían rechazado el préstamo de quinientos millones, la reforma electoral, la reforma laboral, su propuesta para reelegir a Javier Delgado Sam en el consejo de la judicatura y ahora, el fiscal anticorrupción que ocupará el espacio que dejó acéfalo Jorge Vera Noyola, hijo del diputado Óscar Carlos Vera Fabregat y que renunció al cargo porque no había plazas para fiscales auxiliares, oficinas, vehículos, ni agua para jalarle al excusado.
¿Qué pretende Alejandro Leal Tovías al intentar colocar al hijo de un político abiertamente vinculado al grupo de los macabeos como fiscal anticorrupción?
Si la intención malsana del secretario de gobierno es exhibir la incompetencia de su equipo y la incapacidad del gobierno para construir acuerdos con las fuerzas políticas en el congreso local, no hay duda que es un experto. En tiempos de crisis no se hacen experimentos y la resistencia del gobernador para con la autonomía de la fiscalía anticorrupción, deja claro que ese fétido hálito que obliga a girar la cabeza cuando está cerca, advierte de algo que se le está pudriendo en las entrañas.
La noticia buena es que las pifias continúan, y en el congreso local existe la posibilidad de que ante la ausencia de un operador político con experiencia, los resultados sean adversos para el grupo en el poder ejecutivo, más por táctica que por estrategia pero se ha conformado una manada de diputados “rejegos”.
Sin nada que perder y mucho que ganar, el diputado del partido verde Edgardo Hernández Contreras dispara a todo lo que se mueve, su estilo encabronado de hacer política le gana simpatías y animadversiones, pero inevitablemente le da impulso al grupo disidente y vuelve complejo e impredecible el resultado de cualquier negociación.
Por lo pronto es muy probable que la propuesta de Felipe Aurelio Torres no obtenga la mayoría calificada en el pleno, de igual forma las nueve ratificaciones que el insulso gobernador añora le sean aprobadas para el poder judicial del estado. Nueve miserables badulaques por nueve años más. Por lo visto, el legado que Juan Manuel Carreras López pretende dejar para la posteridad es eternizar la incompetencia.
