Frente a la noticia sobre planes para preparar opciones militares contra cárteles, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó de manera enfática que no existe riesgo de invasión por parte de Estados Unidos y que cualquier medida comunicada por Washington no contempla el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano. La respuesta presidencial buscó calmar la alarma pública y reafirmar la premisa de que la soberanía nacional es una línea roja para la política exterior mexicana.
El diálogo entre las cancillerías y las agencias de seguridad se intensificó en las horas siguientes: según informes, autoridades mexicanas fueron notificadas del contenido de la directiva estadounidense, y desde México se exigió transparencia sobre alcance y límites de cualquier operación que pudiera afectar suelo nacional. La postura mexicana ha sido doble: por un lado, se reconoce la gravedad del problema de los flujos de drogas y la violencia; por el otro, se condiciona cualquier colaboración a la preservación de la soberanía, la legalidad y la coordinación institucional.
Especialistas en relaciones internacionales destacan que el escenario más plausible —y jurídicamente viable— es una profundización de la cooperación bilateral en inteligencia, fuerzas especiales conjuntas con jurisdicción limitada, y operaciones en alta mar o en espacio aéreo internacional. La invasión formal de un país soberano enfrenta barreras legales (derecho internacional y aprobaciones legislativas) y un coste político que ni Washington ni sus aliados estarían dispuestos a pagar. Por ello, la diplomacia y los marcos de trabajo conjunto seguirán siendo el eje preferido, al menos en el corto plazo.
Desde el ámbito militar y de seguridad en Estados Unidos se insiste en que cualquier empleo de fuerzas sería cuidadosamente calibrado, orientado a objetivos específicos (por ejemplo buques nodrizas, laboratorios marítimos o corredores logísticos) y sujeto a la supervisión del poder civil. Fuentes oficiales han señalado que “usar al ejército no es la primera opción” y que se priorizará la recopilación de inteligencia, sanciones financieras y el trabajo con autoridades locales. Sin embargo, la justificación política en la opinión pública estadounidense busca mostrar firmeza ante una crisis de salud pública (sobredosis por fentanilo) que ha cobrado miles de vidas.
Para México, la clave será mantener canales de cooperación operativa que permitan atacar las rutas y estructuras financieras de los cárteles sin permitir la presencia permanente de fuerzas extranjeras. Los expertos recomiendan además reforzar capacidades propias en inteligencia forense, fiscalización financiera y control de fronteras para que la respuesta bilateral sea efectiva y respete el marco jurídico internacional. En ese sentido, la declaración oficial mexicana pretende tanto calmar temores como negociar condiciones para la colaboración.
