RIOVERDE. – En medio del clima de violencia, terror e inseguridad que los habitantes de Rioverde han enfrentado en los últimos días, la alcaldía encabezada por Arnulfo Urbiola Román ha implementado, a través de las direcciones de Comercio y Protección Civil, una serie de operativos de “supervisión” que parecen tener tintes de represalia contra actores políticos que, bajo las siglas del PAN y Movimiento Ciudadano, compitieron contra él en las elecciones pasadas.
Argumentando la falta de licencias de uso de suelo, las dependencias municipales han clausurado sin distinción negocios como el restaurante de su excontrincante a la alcaldía, José Antonio Castillo Govea, y la distribuidora de alimentos y forrajes del candidato a diputado Ramón Torres García, negocios que han operado de manera legal y establecida por más de treinta años, cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos municipales.
Los cierres recientes de estos establecimientos comerciales, que han sido llevados a cabo de manera cuestionable, han afectado la economía local y a los trabajadores que dependen de estos empleos para el sustento de sus familias. La clausura sin fundamentos legales no solo perjudica a los propietarios, sino también a los empleados y sus familias.
Cientos de familias de Rioverde temen que en los próximos meses esta situación de terror aumente, por lo que solicitan la intervención de la Fiscal del Estado, María Manuela García Cázares, para garantizar la tranquilidad de la población. Los ciudadanos han enfrentado violentos operativos municipales que han resultado en la clausura de negocios legalmente establecidos, mientras que se toleran y encubren actividades de negocios de giros negros y grupos delincuenciales, los cuales recientemente dejaron cuerpos sin vida frente a la alcaldía.
