ZARAGOZA. – A pesar de haber obtenido diversos amparos judiciales que ordenan el restablecimiento del suministro de agua potable, habitantes de la comunidad Los Pilares, anexo del ejido La Pila, continúan enfrentando obstáculos para contar con el servicio de manera regular.
Además, denuncian que el Ayuntamiento de Zaragoza les impide realizar los pagos correspondientes, lo que ha generado incertidumbre y sospechas de una estrategia para justificar el corte del suministro.
El pasado 28 de febrero, varios amparos, como el 75/2025, fueron resueltos a favor de los pobladores, concediéndoles la protección de la justicia federal para que las autoridades responsables suministren de inmediato el servicio y se abstengan de restringirlo bajo la cuota establecida.
Sin embargo, denuncian que, a pesar del fallo, el pago del servicio sigue siendo rechazado, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad.
Ante esta problemática, los habitantes acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde obtuvieron un documento que acreditaba su derecho a pagar por el servicio, pero, aun así, el municipio se negó a recibir el cobro.
Los afectados sostienen que dentro de la administración de la alcaldesa Amada Zavala, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), opera Daniel López Moreno, quien habría respaldado a su padre, Efraín López Rivera, para la formación de un comité de agua conformado por familiares y allegados.
Dicho comité, aseguran, determinó cortar el suministro a 22 familias, pese a que estas ya habían pagado al municipio.
Según los denunciantes, la intención detrás de estas acciones es impedir que puedan integrarse al comité, ya que uno de los requisitos para participar es contar con recibos de pago al corriente, lo que no pueden obtener debido a la negativa del Ayuntamiento de aceptar sus pagos.
Además de la problemática con el pago, los habitantes también han señalado presuntas irregularidades en el cobro del servicio, ya que la actual encargada del comité, cuya legalidad se encuentra en duda, establece tarifas elevadas y sin recibo oficial.
Asimismo, denuncian que esta persona ha realizado comentarios intimidantes, advirtiéndoles que el suministro de agua será retirado nuevamente.
Ante este panorama, los afectados exigen la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano y que se respeten los amparos otorgados en su favor.
