El gobierno mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares vinculados con el esquema de corrupción relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y la familia Weinberg, luego de obtener una sentencia favorable en un tribunal de Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que los recursos fueron recibidos por el Estado mexicano el 25 de agosto y proceden de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 sociedades establecidas en Florida relacionadas con integrantes de la familia Weinberg.
El funcionario explicó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que el pasado 19 de mayo fue dictada una sentencia favorable para México contra integrantes de esa familia por su participación en un esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna.
La presidenta señaló que el objetivo del gobierno es destinar el dinero recuperado a proyectos educativos en regiones con altos niveles de necesidad, particularmente en la Montaña de Guerrero.
“Hasta ahora se ha podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, afirmó.
La cantidad anunciada se suma a otros 500 mil dólares cuya recuperación había sido informada por la UIF a principios de agosto. Con ambos montos, el Estado mexicano ha obtenido directamente alrededor de 6.3 millones de dólares derivados de los procesos emprendidos para recuperar activos relacionados con este entramado.
Las cantidades efectivamente recuperadas, sin embargo, son considerablemente menores que el monto de las sentencias obtenidas por México. En 2026, un tribunal de Florida dictó una resolución definitiva relacionada con la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares, mientras que otras sentencias contra García Luna y su esposa, emitidas en 2025, alcanzaron 2 mil 448 millones de dólares.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, el conjunto de condenas favorables al Estado mexicano supera los 3 mil 067 millones de dólares. Esa cifra corresponde a resoluciones judiciales y no implica que todo ese dinero haya sido localizado, asegurado o transferido ya a las autoridades mexicanas.
La investigación de la UIF identificó entre 2008 y 2018 un esquema mediante el cual habrían sido desviados recursos públicos a través de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas con el grupo investigado. Los contratos involucrados superaron los 403 millones de dólares.
El análisis financiero detectó la participación de servidores públicos y particulares, así como la utilización de empresas fachada y la posible simulación de servicios. Con base en esos elementos, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente promovió una demanda civil en Florida para intentar recuperar los activos.
La dependencia reconstruyó también los movimientos utilizados para triangular y dispersar recursos. Entre 2015 y 2017, García Luna habría fondeado un conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, dentro de una estructura corporativa en la que la UIF ubica también a integrantes de la familia Weinberg.
Según la investigación, empresas relacionadas con el entramado obtuvieron alrededor de 30 contratos gubernamentales con sobreprecios. El esquema habría permitido presentar pagos ilícitos como operaciones comerciales, simular la prestación de servicios y posteriormente transferir recursos mediante sociedades y cuentas vinculadas con García Luna y otras personas relacionadas.
Parte del dinero habría sido transferido a través de Barbados antes de llegar a otras jurisdicciones, entre ellas Miami, Florida. En conjunto, la UIF calcula que las operaciones investigadas representan aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
La relación de García Luna con la familia Weinberg había sido documentada desde años anteriores. El exsecretario de Seguridad Pública residió después de dejar el gobierno en inmuebles pertenecientes a esa familia en Florida, entre ellos una propiedad de Golden Beach que en 2015 estaba valuada en aproximadamente 3.3 millones de dólares.
La familia era propietaria de Icit, empresa dedicada a la comercialización de equipos y tecnología de seguridad israelí en América Latina. Durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública, la compañía obtuvo contratos gubernamentales y mantuvo vínculos con funcionarios de la dependencia.
Entre esos contratos se encuentra uno celebrado en 2008 para adquirir el programa de seguridad israelí NiceTrack, utilizado para rastrear información, intervenir comunicaciones y determinar la ubicación de usuarios. Investigaciones posteriores también documentaron intercambios de información entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa.
La UIF mantiene abiertas las acciones para localizar otros bienes relacionados con la familia Weinberg. Reyes Colmenares señaló que existen activos bajo revisión y que la dependencia trabaja con distintas instituciones mexicanas para encontrar propiedades y cuentas localizadas tanto en Estados Unidos como en otros países.
“Efectivamente, como comentó la señora presidenta, nosotros continuamos un trabajo continuo con las demás dependencias del Estado mexicano, con el fin de identificar más propiedades o cuentas de la familia Weinberg, que pudieran estar en cualquier parte del mundo”, explicó el titular de la UIF.
El funcionario añadió que algunos activos ya fueron identificados, aunque todavía permanecen sujetos a procesos legales antes de que puedan venderse y los recursos correspondientes sean entregados al Estado mexicano.
Sheinbaum aclaró que las investigaciones financieras expuestas por la UIF deben diferenciarse del proceso penal que llevó a la condena de García Luna en Estados Unidos. “Lo que presenta en este momento la UIF son actividades ilícitas de Genaro García Luna posterior a que fue secretario de Seguridad Pública”, señaló.
La presidenta explicó que esas operaciones se relacionan principalmente con empresas vinculadas con equipos y servicios de seguridad, así como con contratos mediante los cuales, según las investigaciones, fueron pagados bienes o servicios que no se entregaron o fueron adquiridos por encima de su valor.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, y actualmente cumple una sentencia en Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales. Mientras ese proceso corresponde a su actuación relacionada con el narcotráfico, las acciones impulsadas por la UIF buscan recuperar para México recursos derivados de operaciones financieras y contratos vinculados con el exfuncionario y su entorno empresarial.
