A pesar de haber sido aprobada por el Congreso del Estado el pasado 13 de diciembre, la reforma constitucional que permitiría la interrupción legal del embarazo en San Luis Potosí aún no ha entrado en vigor. Hasta ahora, sólo 13 ayuntamientos han respaldado la iniciativa, muy por debajo de los 30 municipios necesarios para que sea válida.
Según datos del propio Congreso, siete municipios han rechazado la reforma y 17 más aún no emiten su postura. Este rezago mantiene congelada la entrada en vigor de la medida, que permitiría la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, de acuerdo con la minuta constitucional.
El artículo 138 de la Constitución estatal establece que toda reforma constitucional debe contar con la aprobación de la mayoría de los 58 municipios. Cada Cabildo tiene dos meses, contados desde que recibe la minuta, para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se considerará su voto como afirmativo por omisión.
Hasta el 14 de abril, los municipios que han aprobado la reforma son Axtla, Cedral, Cerritos, Matehuala, Rayón, Salinas, San Martín, Santo Domingo, Vanegas, Venado, Villa de La Paz, Villa de Pozos y Xilitla. En contraste, siete municipios, entre ellos Rioverde y Ébano, han votado en contra, manteniendo en pausa la legislación hasta al menos el mes de mayo.
