El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación presidencial el 4 de junio de 2025 que prohíbe completamente la entrada al país de ciudadanos de 12 naciones y establece restricciones parciales para otras siete. La medida, que entrará en vigor el lunes 9 de junio a las 00:01 horas, se justifica por preocupaciones de seguridad nacional, deficiencias en los sistemas de detección y control migratorio, y falta de cooperación en materia de deportaciones.
Los países con prohibición total de ingreso son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Los ciudadanos de estas naciones no podrán ingresar a Estados Unidos ni como inmigrantes ni como visitantes temporales.
Las restricciones parciales aplican a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En estos casos, se suspenden las solicitudes de visas de inmigrante y de no inmigrante, incluyendo las de turismo, estudio y trabajo temporal. Sin embargo, se permitirán algunas visas temporales específicas, como las laborales, y se contemplan excepciones para atletas y personal asociado a eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos.
La decisión se produce tras un ataque incendiario en Boulder, Colorado, atribuido a un ciudadano egipcio con visa vencida. Aunque Egipto no figura en la lista de países afectados, el incidente fue citado por Trump como ejemplo de los riesgos asociados a la falta de control migratorio y al abuso del sistema de visas.
El gobierno estadounidense argumenta que las naciones incluidas en la prohibición presentan deficiencias significativas en sus sistemas de documentación, altos índices de sobreestadía de visas y falta de cooperación en la repatriación de ciudadanos. Se señala especialmente a Afganistán, bajo control talibán, por carecer de procesos de verificación confiables.
La proclamación incluye excepciones para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos, atletas y ciudadanos con doble nacionalidad que viajen con pasaporte de un país no afectado por la medida. Además, se contempla la posibilidad de revisar la lista de países afectados si estos mejoran sus sistemas de seguridad y cooperación.
Organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales han criticado la medida por considerarla discriminatoria y perjudicial para comunidades vulnerables. Se anticipan desafíos legales similares a los que enfrentó la prohibición de viajes implementada por Trump en 2017, que fue objeto de múltiples litigios antes de ser ratificada por la Corte Suprema.
La administración Trump sostiene que esta acción es necesaria para proteger al país de amenazas externas y reforzar la seguridad nacional, reiterando su compromiso con políticas migratorias estrictas y el principio de “Estados Unidos primero”.
