El Rapacejo
Por El Primo Feliciano
Los 14 mil pesos que muchos alcaldes quisieran convertir en promesa, entre ellos el de este municipio el cual con salarios de miseria tiene y mantiene su plantilla policial. La reforma constitucional que obliga a los ayuntamientos potosinos a garantizar un mínimo de 14 mil pesos netos mensuales a sus policías puso sobre la mesa algo que durante años se quiso esconder debajo de la alfombra: la seguridad municipal no puede construirse con discursos mientras quienes patrullan las calles sobreviven con salarios que difícilmente corresponden al riesgo de su trabajo. El problema es que una cosa es aprobar una reforma y otra muy distinta hacerla realidad. El Decreto 511 no dejó demasiado espacio para las simulaciones. Los 14 mil pesos son netos, no brutos. No basta con subir una cifra en el tabulador para presumir cumplimiento. Tampoco se vale aumentar una percepción mientras se elimina un bono, una compensación o una prestación que el policía ya recibía. La regla es sencilla: el elemento debe recibir efectivamente el ingreso mínimo establecido y no puede terminar ganando lo mismo —o incluso menos— mediante una maniobra presupuestal disfrazada de cumplimiento. De los 59 municipios, hasta el último reporte previo al vencimiento del plazo administrativo, solamente 10 habían acreditado el incremento ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Eso significa que 49 todavía no habían presentado la documentación correspondiente. No necesariamente significa que todos estén incumpliendo el pago, pero sí revela una realidad bastante incómoda: la reforma llegó y muchos gobiernos municipales no parecían tener lista la maquinaria administrativa para demostrar que estaban cumpliendo. El plazo de 120 días para realizar los ajustes normativos, administrativos y presupuestales terminó a mediados de agosto. Después vino el 31 de agosto, fecha establecida para acreditar documentalmente el pago correspondiente a 2026. Y ahí es donde habrá que poner especial atención, porque será muy sencillo para cualquier administración intentar convertir el cumplimiento constitucional en un ejercicio de contabilidad creativa. No se trata de que el policía vea 14 mil pesos escritos en un documento oficial. Se trata de que esos 14 mil pesos lleguen completos a su bolsillo. La reforma incluso establece que el monto deberá actualizarse conforme al valor de la UMA, lo que significa que el piso no puede quedarse congelado mientras aumentan los costos de vida.
Además, los municipios que ya pagaban más deberán conservar esas percepciones. Por eso, si algún ayuntamiento pretende resolver el asunto con maquillaje presupuestal, reduciendo compensaciones o desapareciendo prestaciones, tendrá que explicar por qué considera que cumplir la Constitución significa quitar dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro. Y tampoco hay que confundirse: que el Gobierno del Estado pueda celebrar convenios de coordinación con los municipios no significa que vaya a convertirse en pagador permanente de las nóminas municipales. La responsabilidad sigue siendo de los ayuntamientos. Ahora viene la parte que realmente debería preocupar a los alcaldes: la fiscalización. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas tendrán elementos para revisar no solamente lo que dice el tabulador, sino lo que realmente recibió cada policía. Y si aparecen irregularidades, podrán generarse observaciones y responsabilidades administrativas para los servidores públicos que resulten responsables. Así que el discurso de “ya cumplimos” tendrá que sostenerse con documentos, nóminas y transferencias reales.
Se nos terminó el espacio. Por esta semana fue todo, nos leemos la próxima en este mismo espacio.
