Las Piedras del Jofre
Por El Jofrito
En Tierra Nueva ocurrió un operativo que, por la gravedad de lo encontrado y por el número de personas detenidas, debería haber encendido todas las alertas. Una edificación presuntamente utilizada como laboratorio clandestino fue asegurada y nueve personas quedaron detenidas para ser puestas a disposición de la autoridad federal. El dato no es menor. Nueve detenidos y un inmueble asegurado en territorio municipal hablan de una situación que rebasa cualquier incidente cotidiano de seguridad. Y mientras las investigaciones federales avanzan para establecer qué actividades se realizaban en el lugar, en el ámbito municipal parece que el reloj se quedó detenido. Lo curioso —y preocupante— es el silencio de la autoridad municipal. Hasta el momento no se conoce un posicionamiento público sobre un operativo de esta magnitud, pese a que ocurrió dentro del territorio que tiene bajo responsabilidad en materia de prevención y seguridad. No se trata de adjudicarse un operativo federal ni de adelantar conclusiones sobre lo que había dentro del inmueble.
Se trata, simplemente, de que ante un hecho de esta naturaleza la autoridad municipal no puede parecer ausente.Tierra Nueva no necesita autoridades que aparezcan únicamente para inaugurar obras, tomarse fotografías o presumir actividades. La seguridad también exige presencia, prevención, coordinación y, sobre todo, una postura pública cuando ocurre algo que puede impactar directamente a la población. Mientras nueve personas enfrentan un procedimiento ante la autoridad federal y un inmueble permanece asegurado, el gobierno municipal parece estar dormido. Y en materia de seguridad, dormir mientras otros hacen el trabajo resulta demasiado costoso para una comunidad que merece saber qué ocurre en su propio territorio. El silencio oficial, en un asunto de esta gravedad, termina siendo otra señal de alarma.
En Tierra Nueva, el regreso a clases volvió a poner sobre la mesa una realidad que ya dejó de ser sorpresa: hay escuelas que comienzan el ciclo escolar sin los maestros necesarios y familias que terminan haciendo el trabajo que debería corresponder a las instituciones responsables de garantizar la educación. En la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el grupo de sexto grado arrancó el ciclo 2026-2027 sin docente debido a una incapacidad que no ha sido cubierta. Para las familias, el panorama resulta todavía más preocupante ante la posibilidad de que los estudiantes permanezcan entre tres y seis meses sin clases regulares. Los carteles colocados afuera del plantel son la evidencia de una inconformidad que no apareció de la nada. Madres y padres nuevamente tuvieron que salir a reclamar algo tan elemental como un maestro frente al grupo. Y aquí está el verdadero problema: esto ya tiene antecedentes. En 2023 hubo protestas por la falta de docentes en tercero y cuarto grado. En 2024, alrededor de 150 estudiantes volvieron a resultar afectados por una situación similar. En 2026, la historia se repite. Tres años de señales debieron ser suficientes para que las autoridades educativas dejaran de tratar estas ausencias como situaciones aisladas. Una incapacidad no puede convertirse en una condena académica para un grupo completo. La burocracia, los trámites y la falta de previsión no deberían pagarlos los estudiantes con semanas o meses de aprendizaje perdido. Pero tampoco resulta suficiente que el Ayuntamiento encabezado por Pily Sánchez se mantenga al margen bajo el argumento de que la asignación de docentes corresponde al ámbito educativo estatal.
