El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) descartó la implementación de nuevas restricciones o prohibiciones absolutas sobre el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles escolares de la entidad. Las autoridades educativas informaron que el manejo de estos dispositivos ya se encuentra normado a través de un protocolo de autorregulación que opera desde hace varios años en los horarios de clase.
El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, precisó que la estrategia institucional no busca erradicar la tecnología de las aulas, sino encauzarla hacia un aprovechamiento responsable. De acuerdo con el funcionario, el éxito de la medida radica en la corresponsabilidad y el apoyo activo de las madres y padres de familia.
La estructura operativa vigente otorga facultades específicas al personal docente para intervenir cuando los teléfonos afecten el desempeño escolar. Las directrices actuales facultan a los profesores para resguardar los dispositivos móviles en caso de que se identifiquen conductas de distracción que comprometan la atención del alumnado durante las actividades académicas. Bajo este esquema normativo, los equipos deben mantenerse apagados o en modo silencioso a lo largo de la jornada laboral; si un estudiante infringe dicha disposición, el aparato es retenido y devuelto de manera exclusiva a sus tutores legales.
Rodríguez Ramírez aclaró que la restricción interna de los celulares no vulnera la seguridad ni el contacto con los estudiantes. Los centros educativos pertenecientes al sistema disponen de canales de comunicación oficiales e institucionales propios para gestionar y canalizar cualquier situación de emergencia que involucre a la comunidad escolar.
La postura de la Dirección General del SEER se basa en el consenso y el conocimiento previo de las familias, quienes validan los mecanismos de control implementados en las escuelas. El protocolo consolidado busca un equilibrio pedagógico que evite el veto total a las herramientas tecnológicas, promoviendo en su lugar la concentración escolar.
Este posicionamiento coincide con el debate en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde legisladores locales han promovido iniciativas para reformar el artículo 60 de la Ley de Educación estatal. Dichas propuestas parlamentarias buscan formalizar directrices en el nivel básico para prevenir problemáticas derivadas del entorno digital, tales como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y los impactos negativos en la salud mental de niños y adolescentes por el uso excesivo de pantallas.
Al igual que las disposiciones aplicadas por el SEER, los diagnósticos del sector educativo coinciden en que la prohibición absoluta resulta inviable, dado que los dispositivos móviles se han consolidado como herramientas de soporte para el aprendizaje y la innovación pedagógica en el modelo actual.
