El próximo lunes 31 de agosto vence el plazo para que los Ayuntamientos acrediten ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, la homologación de salarios a los elementos de Seguridad Pública municipales, con base en la reforma constitucional publicada en abril de 2026. De no cumplir, los Ayuntamientos serían sometidos a procedimientos de responsabilidad administrativa, señaló Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo fiscalizador.
El funcionario reveló también que las Alcaldesas y Alcaldes omisos en la aplicación de los aumentos salariales a sus policías, aun contando con los recursos federales destinados precisamente al fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, enfrentarían además procesos penales ante la Fiscalía General del Estado, en caso de persistir esta falta catalogada como grave.
Según datos oficiales emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, hasta la semana pasada solo 10 municipios de la entidad potosina habían cumplido con esta obligación constitucional. Ante ello, el Auditor Superior del Estado, lamentó los casos extremos de Tancanhuitz y San Nicolás Tolentino; el primero con un número muy reducido de policías y el segundo sin un solo elemento en nómina.
Por esto, el IFSE insta a que se revise a fondo el gasto público que la Federación haya ministrado a cada Ayuntamiento, pues al igual que en otros rubros, es necesario transparentar el gasto etiquetado a Seguridad Pública y promover la contratación de un mayor número de elementos de seguridad, así como la adquisición de patrullas y equipamiento adecuado.
Finalmente, Lecourtois López puntualizó que estas revisiones integrales fortalecerán la rendición de cuentas y evitarán que los recursos sean utilizados de forma incorrecta. Asimismo, las y los Alcaldes deben cumplir con su obligación y presentar ante la autoridad los comprobantes fiscales digitales correspondientes a cada elemento de seguridad, debidamente timbrados por el Servicio de Administración Tributaria.
