Se viralizó una denuncia en redes sociales que señala a una docente de la escuela primaria Héroes de Nacozari, ubicada en la calle Insurgentes de la colonia Ferrocarrilera. Se le acusa de ejercer violencia psicológica y física en contra de un alumno de siete años de edad, quien padece de epilepsia.
De acuerdo con los testimonios difundidos, la profesora estaba plenamente consciente de la condición médica del menor. El incidente ocurrió cuando, bajo el argumento de que el estudiante no acataba indicaciones y prefería jugar, la docente determinó recluirlo en el interior de un clóset a manera de castigo.
La situación fue descubierta directamente por la abuela del menor, quien ejerce la custodia legal del niño. El entorno familiar del menor ya contaba con antecedentes de vulnerabilidad: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de San Luis Potosí intervino previamente debido a agresiones sufridas a manos de la madre biológica, lo que derivó en la pérdida de sus derechos de maternidad y la posterior asignación del infante al cuidado de su abuela.
La denuncia pública no solo se limita a este acontecimiento. Los afectados afirman que la maestra implicada cuenta con un historial de conductas hostiles hacia otros alumnos, caracterizado por gritos constantes y reprobaciones sin sustento pedagógico.
Asimismo, los reportes apuntan a una presunta negligencia por parte de la directora del plantel educativo. Según los denunciantes, la directiva civil omitió aplicar los protocolos de seguridad escolar de forma inmediata y evitó retirar al alumno del aula de la docente señalada, limitándose a agendar una reunión posterior para revisar la situación.
Este caso se suma a las crecientes alertas emitidas por colectivos civiles y dependencias de protección de los derechos de la infancia en la zona metropolitana de San Luis Potosí. De acuerdo con registros de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el municipio de Soledad de Graciano Sánchez ha concentrado múltiples quejas relacionadas con la omisión directiva y el maltrato físico o psicológico dentro de las aulas en los últimos años.
Las autoridades locales de la PPNNA han reiterado que las escuelas tienen la obligación jurídica estricta de activar de inmediato los protocolos de protección ante cualquier sospecha de vulneración a los derechos de los menores, especialmente tratándose de estudiantes en condiciones de discapacidad o enfermedades crónicas como la epilepsia, cuya integridad física puede verse comprometida bajo situaciones de estrés severo o confinamiento. Se espera que en las próximas horas las autoridades educativas fijen una postura oficial y determinen el cese temporal de la implicada mientras se desarrollan las indagatorias.
