Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados.
La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 14 horas, en la que se determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la jueza Nora Ileana García Peralta concluyó que hay indicios sobre la presunta participación de la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en la transferencia de 2 millones 589 mil dólares de origen presuntamente ilícito desde el extranjero hacia territorio mexicano.
Como parte de su resolución, la juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y programó la audiencia intermedia para el próximo 9 de noviembre de 2026.
Asimismo, se prevé que este jueves se lleve a cabo una nueva audiencia para analizar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se definirá si Gilda Lozoya enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva justificada.
Las investigaciones de la FGR sostienen que la cuenta bancaria utilizada para triangular recursos relacionados con presuntos sobornos del caso Agronitrogenados fue cedida por Emilio Lozoya a su hermana. Según las indagatorias, esa cuenta habría servido para recibir y movilizar recursos vinculados con la operación mediante la cual Petróleos Mexicanos adquirió la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
De acuerdo con la acusación, el esquema financiero habría permitido triangular aproximadamente 3.5 millones de dólares que presuntamente fueron entregados por Altos Hornos de México (AHMSA) y su entonces propietario, Alonso Ancira, con el propósito de favorecer la compra de la planta por parte de Pemex a un precio superior a su valor. Parte de esos recursos, según las autoridades, habría sido utilizada posteriormente para adquirir una residencia con un valor aproximado de 38 millones de pesos en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Al término de la audiencia, el abogado defensor de Gilda Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, cuestionó el desarrollo del procedimiento judicial y afirmó que existe un “hostigamiento claro” contra su representada.
El litigante sostuvo que las autoridades federales mantienen una intención de encarcelarla de manera anticipada y declaró: “Tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada que no me parece que sea ni correcta ni pulcra; hasta querían violar la ley para encarcelarla en pleno procedimiento”.
El defensor también denunció presuntas irregularidades ocurridas durante la audiencia. Explicó que la jueza ordenó un receso mientras emitía su resolución y señaló: “Nos llamó la atención que, en plena resolución, llamaran al teléfono del auxiliar de sala para suspender la audiencia y para que se retirara una hora. Alegaron un problema técnico, pero nunca llegó ningún técnico a la sala”. Además, sugirió que podrían existir presiones externas derivadas de las recientes declaraciones públicas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este caso.
En ese contexto, Rojas Pruneda expresó: “Nos llamó mucho la atención que en este periodo hubo varias manifestaciones respecto del caso de mi representada por la máxima autoridad de este país”, al tiempo que manifestó su confianza en que la autoridad judicial resuelva las medidas cautelares con independencia y sin influencia de factores externos.
Gilda Susana Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones, aunque sostuvo que el procedimiento en su contra responde a motivaciones políticas y afirmó que se ha utilizado a las mujeres de su familia para presionar a su hermano Emilio Lozoya.
