Recientemente se presentó en el portal oficial el reglamento de Becas para los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, delegando el proceso en a las representaciones estudiantiles, a través de un Comité Central de Becas, y estableciendo requisitos mínimos para su otorgamiento. Brilla por su ausencia un estudio socioeconómico y de trayectoria escolar. A todas luces, se delega en las representaciones y, por consecuencia, a los grupos políticos el manejo de datos y solicitudes que ellos presentarán a su parecer, lo cual pone de manifiesto el uso político de los apoyos que se aprueben.
Lo anterior deja ver que el control de los estudiantes estará en los grupos políticos que a su vez se verán fortalecidos para los eventos electorales del próximo año. ¿A quién deberán la factura los estudiantes apoyados? Esto representa el chantaje habitual en la captura de seguidores, y el número de becas a cada grupo dará cuenta de quiénes serán los favorecidos por las autoridades universitarias, léase el control del Secretario General quien es el que en última instancia autoriza los apoyos.
Un tema recientemente conocido en los medios locales que es más que relevante por la violación a la Autonomía de la Universidad es el cometido por Federico Garza Herrera, quien, abrogándose la representación de la máxima autoridad: el Consejo Directivo Universitario, firmó un convenio de colaboración con la CTM un organismo sindical gris partidista (PRI, ahora MORENA) y con representantes que pisotean la democracia sindical. ¿El Rector colaboró con dicha iniciativa? De ello deberán informar y dar cuentas sin demora al Consejo Directivo y a la Comunidad Universitaria.
Otro asunto importante es un anteproyecto de pensiones y jubilaciones; en su artículo 17 deja entrever la disponibilidad del fondo de pensiones para que pueda invertirse en valores con el menor riesgo, pero deja abierta la posibilidad de que sea un comité quien defina los instrumentos, sin definir limites en los porcentajes posibles ni plazos de recuperación, poniendo en riesgo el patrimonio de los trabajadores, que formará parte de dichas inversiones. Más adelante continuaremos el análisis de dicho anteproyecto.
