Cualquiera de estas propuestas requerirá que Morena y los aliados del presidente consigan el apoyo de legisladores de oposición para ser aprobadas en ambas cámaras. Para cambiar leyes y aprobar el presupuesto le basta al presidente con sus aliados.
En los últimos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su partido han prometido una serie de reformas para la segunda parte del sexenio que van desde la revisión y posible reducción de órganos autónomos, hasta nuevas modificaciones en materia energética y electoral.
Para que estas se materialicen se requieren cambios a la Constitución que solo pueden ser aprobados por dos terceras partes de los legisladores, algo que ni Morena ni sus aliados tienen en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Por ello, requieren del apoyo de al menos una fracción de los legisladores de oposición para que las reformas constitucionales prosperen.
Esta semana, el presidente López Obrador consideró que construir esa mayoría calificada es posible con la adición de legisladores del PRI o de alguno de los otros partidos. En cambio, la aprobación del presupuesto o la modificación de otras leyes es algo que Morena y sus aliados pueden conseguir sin una mayoría calificada.
Entre los organismos cuya continuidad ha puesto el presidente bajo un velo de duda están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
Entre los organismos cuya continuidad ha puesto el presidente bajo un velo de duda están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
Otro tema en el que el presidente López Obrador fue insistente en los últimos meses es la posibilidad de promover una reforma electoral a gran escala que, entre otras cosas, revise las funciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
