La búsqueda de un joven de 20 años de edad, desaparecido en julio pasado en Tlaquepaque, llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca que, presuntamente, utilizaba el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como casa de seguridad y “clínica de recuperación” en el municipio de Tecalitlán.
Fueron detenidas seis personas y se liberó a ocho que, se presume, habían sido víctimas de reclutamiento forzado para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas el joven que se buscaba.
El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos o en otras acciones, por lo que se sospecha que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento del lugar.
La información proporcionada por las autoridades señala que la familia del joven al que se buscaba —cuya identidad no se dio a conocer— acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que podría haber sido víctima de reclutamiento forzado, pues les dijo que iría a trabajar en un rancho, el 21 de julio pasaron a recogerlo, se lo llevaron y no volvieron a saber de él.
“En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la fiscalía ingresó a este domicilio y, efectivamente, se encontraba este joven, pero no sólo estaba él, eran ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que, de acuerdo con las investigaciones, eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas”, explicó el fiscal en conferencia de prensa.
De acuerdo con el fiscal de Jalisco, este sitio funcionaba como una especie de “centro de recuperación” para miembros del CJNG.
“Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados, podemos presumir que esta finca operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado y por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer, y requerían recuperarse”, explicó el fiscal.
“Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, refirió.
