San Luis Potosí, tiene derecho a saber cuál es el estado real en el que se recibe la Secretaría de Seguridad Pública, las entidades gubernamentales de prevención, y las de reinserción social, así como las condiciones del Centro de Ejecución de Medidas para Menores, los recursos de inteligencia, operativos, financieros y fuerza con que cuenta el Estado para enfrentar el más grande desafío que tenemos, el de la tranquilidad.
Así lo exigió, Rubén Guajardo Barrera, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en el Congreso del Estado, quien considera oportuno tomar en cuenta que son prácticamente inexistentes las políticas de inseguridad y que la condición de los centros de reclusión es verdaderamente crítica como se ha dado a conocer en las últimas horas, situación que puede provocar una crisis con consecuencias verdaderamente graves.
“Vamos a tener sana cercanía con la Secretaría de Seguridad Pública, con todas las entidades relacionadas con esta materia que forman parte del poder ejecutivo y con las de los ayuntamientos. Tenemos claridad de que se necesita trabajar fuertemente para mejorar el control y confianza en el sistema de seguridad pública, pero para ello, necesitamos perfeccionar las leyes, elevar la calidad con la que formamos a nuestros policías, pero también fortalecer las capacidades institucionales de corporaciones que hoy se encuentran francamente en condición de abandono y que, si no rescatamos, difícilmente podrán entregar buenos resultados en el corto y largo plazo”.
Criticó que no haya suficientes policías en las calles para atender los eventos criminales, aún y cuando la recomendación es tener 1.8 policías por cada mil habitantes, lo cual significa que a nuestro Estado le hacen falta por lo menos 3 mil 500 elementos.
Adelantó Rubén Guajardo Barrera, legislador del PAN, que por parte de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, tiene voluntad de trabajar para contribuir con los esfuerzos legislativos que ayuden a inhibir la mala percepción de inseguridad que supera el 80 por ciento.
