La igualdad entre hombres y mujeres podría alcanzarse hasta 2197 si se mantiene el ritmo actual, advirtió ONU Mujeres en su informe anual, que documenta retrocesos en distintos países en materia de participación femenina en la política, la justicia, las empresas y el mercado laboral.
De acuerdo con información de El País, el organismo señaló que los avances hacia la igualdad de género no solo se han estancado, sino que han retrocedido en distintos países, en medio de una ola antifeminista y de un retroceso democrático a nivel global.
El informe señala que entre 2020 y enero de 2026 aumentó de 20 a 28 el número de mujeres que ocupan jefaturas de Estado o de Gobierno. Sin embargo, seis de cada siete países continúan siendo encabezados por hombres.
En los Parlamentos también se registra una disminución. Durante los últimos cinco años cayó la proporción de mujeres parlamentarias en 54 países y el número de ministras se redujo 20 por ciento a escala mundial. Además, desde 2015, 36 países han retrocedido en la representación femenina en sus parlamentos nacionales, 27 en los gobiernos locales y 34 en puestos directivos.
ONU Mujeres señala que el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo no garantiza por sí mismo una mayor capacidad para impulsar cambios legislativos. El informe indica que 90 por ciento de las ministras se concentra en áreas relacionadas con la familia, la infancia y la igualdad de género.
En contraste, las mujeres representan 11 por ciento de quienes ocupan carteras de Interior y 12 por ciento de las de Defensa. En asuntos financieros y fiscales alcanzan 17 por ciento, mientras que en asuntos económicos representan 19 por ciento y en asuntos exteriores también 19 por ciento.
El organismo también identifica obstáculos para las mujeres dentro del Poder Judicial y las empresas. Aunque las mujeres representan 51.2 por ciento de las juezas y jueces a nivel mundial, solo una de cada cinco presidencias de los tribunales nacionales de mayor instancia está ocupada por una mujer.
En las empresas, las mujeres han aumentado su presencia en puestos de liderazgo y responsabilidad, pero continúan siendo minoría en los máximos órganos de decisión. Además, las directivas reciben menores ingresos por hora que sus homólogos masculinos en ocho de cada 10 países con datos disponibles.
Las diferencias también se mantienen en el mercado laboral. En 2026, 63.9 por ciento de las mujeres de entre 25 y 54 años estaba empleada, frente a 92 por ciento de los hombres. Las trabajadoras continúan además sobrerrepresentadas en empleos informales y precarios.
El informe señala que las desigualdades afectan también otros ámbitos de la vida. En 2025, ONU Mujeres estimó que 316 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual por parte de una pareja. La inseguridad alimentaria y la pobreza extrema afectan en mayor medida a las mujeres, mientras que una de cada cinco niñas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años.
Las organizaciones de mujeres también enfrentan dificultades financieras. Según ONU Mujeres, estos grupos han recibido históricamente menos de uno por ciento de la ayuda oficial al desarrollo. Entre 2023 y 2024, esos fondos disminuyeron 28 por ciento, una reducción que, de acuerdo con el organismo, podría continuar durante los próximos años.
El informe relaciona la reducción de recursos con un periodo marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y el crecimiento de movimientos contrarios a la igualdad de género. Sarah Hendriks, directora de Política y Programas de ONU Mujeres, señaló que las instituciones, los mecanismos de financiamiento y los movimientos creados durante décadas para promover la igualdad de género se están debilitando.
Entre las medidas planteadas para reducir las brechas se encuentra el fortalecimiento de las cuotas de género. Los datos citados por ONU Mujeres muestran que los países con sistemas de cuotas sólidos registran una mayor presencia femenina, con mujeres ocupando 39.5 por ciento de los escaños parlamentarios y 42.4 por ciento de los cargos en gobiernos locales.
El organismo también plantea aumentar el financiamiento de las instituciones que trabajan por la igualdad, fortalecer la legislación contra la misoginia y la violencia política hacia las mujeres, así como impulsar reformas para reducir los costos económicos y sociales que dificultan una mayor participación femenina en la política y la vida pública.
