Con el testimonio de su propia lucha contra padecimientos crónicos, la activista Samara Martínez exhortó a la comunidad universitaria a debatir la autonomía de los pacientes en etapa terminal.

La urgencia de legislar para garantizar la autonomía de las personas con enfermedades irreversibles llegó a las aulas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde la activista Samara Martínez expuso los fundamentos de la llamada Ley Trasciende, iniciativa ciudadana que busca despenalizar y regular la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido en el país.
Ante estudiantes, académicos y personal del sector salud reunidos el pasado 12 de noviembre en el auditorio del Centro de Investigación y Atención a la Salud y el Medio Ambiente (CIACYT), Martínez ofreció la ponencia “Del dolor a la acción”. En ella, narró cómo años de tratamientos invasivos —incluidos trasplantes y sesiones de hemodiálisis— transformaron su diagnóstico médico en un movimiento social por los derechos humanos.
“Durante muchos años fuimos la enfermedad y yo”, compartió la activista al describir el impacto integral de los padecimientos crónicos, los cuales, advirtió, trascienden el desgaste físico para golpear la estabilidad económica, emocional y la libertad individual. Según relató, un punto de quiebre en su postura ocurrió tras presenciar el fallecimiento de otro paciente durante una sesión de hemodiálisis, episodio que la confrontó con la pérdida gradual de independencia y la relegación del enfermo frente a las decisiones médicas o familiares.
Bajo esa premisa, cuestionó el marco legal vigente que impide a los pacientes decidir sobre el desenlace de su propia vida. La propuesta que encabeza plantea reformar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud —que actualmente prohíbe dichas prácticas— para establecer un protocolo estricto dirigido exclusivamente a adultos en pleno uso de sus facultades mentales que enfrenten cuadros terminales o crónico-degenerativos irreversibles. Para garantizar la certeza jurídica y ética del proceso, el proyecto de reforma exige el dictamen de dos especialistas médicos, la formalización de la voluntad del solicitante ante un notario público con su respectiva ratificación posterior, así como el respeto irrestricto a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Martínez puntualizó que el objetivo de esta agenda legislativa no es reemplazar la atención médica ni los cuidados paliativos, sino ampliar el abanico de derechos para evitar el sufrimiento prolongado. Al cierre de su intervención, convocó a los futuros profesionistas y al gremio sanitario de la entidad a involucrarse de manera informada en una discusión que calificó de interés público.










