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Ocho mujeres buscadas aparecieron en fosas clandestinas en Guanajuato

San Luis Capital

Ocho mujeres de entre 18 y 30 años, reportadas como desaparecidas en distintos municipios de Guanajuato, fueron identificadas entre los restos humanos recuperados de pozos agrícolas utilizados presuntamente como fosas clandestinas en las comunidades de Franco Tavera, en Juventino Rosas, y La Tinaja, en Villagrán, cerca de Celaya.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la identificación de las ocho víctimas, cuyos casos estaban relacionados con reportes de desaparición registrados entre 2023 y 2026. Las labores de recuperación se realizaron con la participación de autoridades estatales y colectivos de búsqueda, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Entre las víctimas localizadas en Franco Tavera se encuentran Melani Berenice Torres Rincón, de 21 años, desaparecida en febrero de 2025 en Celaya; Mónica Delgado Mora, de 19 años, reportada como desaparecida en febrero de 2024, y Alondra Rubí Hernández Vega, de 30 años, cuya desaparición fue denunciada en mayo de 2025, también en Celaya.

En la comunidad de La Tinaja, municipio de Villagrán, fueron identificadas Alexa Meliza Martínez Orozco, de 21 años, desaparecida el 20 de diciembre de 2025, y Jazmín Pérez Soto, de 18 años, quien fue vista por última vez el 9 de enero de 2026.

Las otras tres mujeres identificadas son Amairani Fernanda Gutiérrez Olalde, de 29 años, desaparecida en Celaya en julio de 2024; Mónica Ramírez González, de 28 años, reportada como desaparecida en Villagrán en noviembre de 2023, y Gloria de los Ángeles Guerrero Patiño, de 30 años, desaparecida en Cortazar en enero de 2026.

Según los datos difundidos, seis de las ocho mujeres eran originarias de Celaya, mientras que las demás procedían de Villagrán y Cortazar. Sus casos corresponden a distintos periodos y municipios, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias particulares de cada desaparición y muerte.

Los trabajos de recuperación de los restos enfrentaron dificultades debido a la profundidad de los pozos agrícolas y a la presencia de agua en su interior. En el caso de Mónica Delgado Mora, los restos se encontraban dentro de una tubería, por lo que fue necesario utilizar cámaras especializadas para localizarlos y realizar las maniobras de extracción.

La intervención de colectivos de búsqueda fue parte de las labores realizadas en las comunidades señaladas. Estos grupos han mantenido acciones para localizar a personas desaparecidas y acompañar a sus familiares durante los procesos de búsqueda e identificación, en coordinación con las instancias responsables.

En torno a los hallazgos, colectivos han señalado una posible relación con estructuras delictivas vinculadas al Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, hasta la información disponible, las autoridades no habían confirmado oficialmente que ese grupo estuviera relacionado con los hechos ni habían establecido el móvil de los asesinatos.

Tampoco se habían reportado detenciones relacionadas específicamente con estos ocho casos. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las carpetas de investigación para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existen conexiones entre las desapariciones y los restos recuperados en ambos puntos.

Los hallazgos se producen en una región de Guanajuato donde anteriormente se han localizado restos humanos en otros pozos. La continuidad de las labores de búsqueda será relevante para determinar si existen más víctimas y para avanzar en la identificación de los restos que pudieran permanecer en la zona.

La identificación de las ocho mujeres representa un avance para sus familias, que durante meses o años mantuvieron reportes de desaparición y labores para conocer su paradero. No obstante, el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables dependerán de los resultados de las investigaciones ministeriales.

Las autoridades deberán continuar con los procedimientos periciales y judiciales correspondientes para establecer las causas de muerte, reconstruir las circunstancias de cada caso y determinar si existen elementos que permitan vincular los hechos con una misma estructura criminal.

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