El Congreso se tironea la elección del nuevo fiscal anticorrupción. Quien postuló al candidato “ganador” no pretende mejores resultados que los alcanzados por el antecesor, Jorge Vera Noyola. La lucha anticorrupción interesa muy poco en este Gobierno.
Adriana Ochoa
Cuando Jorge Vera Noyola renunció a la Fiscalía Anticorrupción, hace más de seis meses, el fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró que no habría impacto en los 60 asuntos que el joven abogado dejaba pendientes, porque “un encargado” seguiría trabajando en ellos.
De esos asuntos pendientes no se volvió a saber. Y de quien habrá de ocupar el lugar de Vera Noyola, de Palacio de Gobierno están empecinados en sacar la “elección” de Felipe Aurelio Torres Zúniga, hijo del ex diputado y el líder cenecista Felipe Aurelio Torres Torres, así como también compañero de grupo político de origen del secretario general de Gobierno, Alejandro Lea Tovías.
Es más, diputados opositores a esta propuesta y activistas le achacan a Leal Tovías, más que al gobernador, la insistencia en esa candidatura. El joven Torres tiene su carrera de juez, nada mal para quien progresa en el Poder Judicial en tiempos de ser hijo de una magistrada, algo muy típico en esos lares.
Diputados opositores a conceder un fiscal “carnal” al gobernador promueven autonomía para la Fiscalía Anticorrupción, como medida para evitar que sea controlada desde fuera. Que tenga su propio y suficiente presupuesto, su propio personal al completo para los procesos y libertad para que poderes externos no se vean tentados a presionar con las investigaciones y los dictámenes que se trabaja.
Asiste a los diputados una razón de hechos: la falta de resultados de casi la totalidad de los casos “pendientes”. O no se sabe nada de ellos o no han hecho nada con ellos. Torres Zúñiga fue presentado en terna con dos abogadas de compañeras, obvio, en el consabido papel de acompañamiento para cumplir con la norma de presentar tres propuestas.
Aducen también los legisladores que al sistema de fiscalías le falta una mujer, para cumplir con las nuevas normas de paridad de género, así que a su modo de ver, la fiscalía contra la corrupción podría recaer en las compañeras de terna de Torres Zúñiga, la que sea.
Muy al estilo de este gobierno, no entrarán en polémica, pero persistirán en su candidato. Tercos, el estilo es no engancharse en discusión alguna y avanzar en el objetivo. Si Leal tiene que fingir cara de sorpresa, lo hará. Tiene también la mira puesta en otro poder, el Judicial, encaminado éste a ratificar a algunos magistrados y dar salida a los que no se queden.
Como se empecine Gobierno, o su ocurrente secretario general, mucho se duda que el joven Torres haga lo que le toca hacer: investigar y llevar a juicio a los corruptos. En este sexenio, la lucha anticorrupción ha sido una tarea decorativa, de estética. Se lleva poco a proceso y cuando se lleva se hace de manera muy poco satisfactoria para los ciudadanos. La pandemia ha puesto su aporte a no hacer nada contra los corruptos, eso ayuda a justificar la miseria de resultados.
El tironeo va a continuar con la pretendida ratificación en unos meses de la mayoría de los magistrados del Poder Judicial. Todos creen que merecen el sitio donde están y litigarían por años para evitar irse. Dicen que hay grandes logros, lo que se ve es la adecuación tardía y no siempre muy acertada a nuevos tiempos.
El Poder Judicial del Estado presume de la posibilidad de consultar resoluciones. En un esquema enredado y sin mucho aporte. El Judicial Federal en ese sentido es envidiable: puede uno consultar in extensum el contenido de los dictámenes de amparos, quejas, controversias y demás recursos. No puede decirse lo mismo de sistema judicial local, su sistema de consultas tan tradicionalista y pastoso que consultar algo es una verdadera monserga.
Lo que digan los currículos de los magistrados aspirantes a reelección y el del fiscal anticorrupción, dejan mucho para desear en transparencia y en acción contra actos corruptos. Son lentos y malos. Se tardan eternidades en aplicar sanciones a las manzanitas podridas, si es que las sancionan, porque ya está visto que ni con pinzas.
No estaría mal que los diputados, antes de votar terna, exijan un reporte del estado del arte sobre los 60 pendientes de Jorge Vera, a ver si es cierto que el encargado los adelantó.
Al tema anticorrupción en general le urgen hechos, detenidos, pagando por su daño a las arcas, castigo ejemplar. Y un fiscal que lo consiga, que lo promueva, y que no se ve que sea la propuesta del gobierno.
ROLLOS SUELTOS
ANTROPOIDE PROTEGIDO. Legisladores y dirigencia de Morena insistieron esta semana en la situación de libertad del joven vándalo identificado como “Moño Blanco”, como responsable de daños en el ataque a la sede de plenos del Congreso del Estado el pasado 5 de junio. Activistas y Morena aseguran que se detuvo a jóvenes que no participaron de actos destructivos, pero en cambio el tal “Mono Blanco” anda libre.
EL PROTECTOR. Las razones que Morena da para que supuestamente se proteja a este joven, ya identificado como “Sebastián”, apuntan al secretario de Cultura de Gobierno del Estado, Armando Herrera Silva, pues la madre del señalado vandalito es funcionaria de la dependencia y cercana al titular.
EVIDENCIAS. El día de los hechos vestía un polo y tenis blancos, además de portar un cubrebocas. Jorge Ramírez Pardo, columnista del portal Potosí Noticias, publicó una columna con una galería de fotos donde “Sebastián” aparece pintarrajeando una patrulla, con piedras en las manos y posando en la calle junto a la cabeza de Ponciano Arriaga Leija que sacaron del vestíbulo del Congreso.
¿MENOR? En la Fiscalía explican que el muchachete no ha sido detenido “porque es menor de edad”, aunque sí lleva proceso por esos hechos. En las fotos, la criatura luce bastante robustita para tener menos de 18, por lo menos más corpulento que otros jóvenes a quienes la policía sí persiguió, tiró al piso y maltrató. Morena sugiere que fue un infiltrado provocador, simpatizante de los “antiamlistas” radicales.
DISIPEN EL HUMO. Ante los señalamientos de Morena y los activistas, la Fiscalía se ha mantenido callada. Es de esperar que si algún día habla, será para decir que no informa nada para evitar trastornos a la indagatoria, que por cierto no se sabe que avance. Lo único que logran es que las suspicacias en torno al Mono Blanco se acrecienten y si no lo tienen protegido, mucho hacen porque lo parezca.
CALIFICADOS Y EN ESPERA. Los y las aspirantes a un sillón ciudadano en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya tienen sus calificaciones del examen y esperan las de sus ensayos. A veces pasa que en este punto del proceso de selección, en el INE, hay resbalones y criterios medio sorpresivos.
DESTACADOS. De los aspirantes varones, los de mayor calificación en el examen fueron José Antonio Martínez Jaso (7.87), Ramírez García Juan Manuel (7.73) y Lomelí Rodríguez Luis Gerardo (7.5). Luego, hay otros nueve que descienden en puntos hasta el 6.03. De ahí hacia abajo ya no pasan.
LAS DAMAS. De las 12 aspirantes mujeres mejor calificadas, destacaron en empate Díaz Vázquez Graciela y Delgado Delgadillo Alicia (7.60) y Martínez Martínez Marta (7.03). Las tres más bajas de las doce alcanzaron 6.33. A esforzarse más, porque del proceso de selección dicen que es como el juego de “Serpientes y Escaleras”.
PENSIONES, OTRA VEZ. El SUTSGE reclama de nuevo impagos millonarios de las cuotas que sus agremiados aportan a Pensiones. Parece cuento de nunca acabar con cada gobierno y en este año de dificultades financieras, no sería raro que Gobierno del Estado volviera a “tomar prestado” dinero de las aportaciones de seguridad social de los empleados.
