El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperó el acceso a sus cuentas de pensiones, las cuales habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por Estados Unidos en las que se les señala de tener presuntos nexos con Los Chapitos.
La medida fue en cumplimiento de la orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual le concedió a Rocha Moya una suspensión provisional que le permite acceso a las dos cuentas en las que recibe los pagos de tres pensiones distintas, luego de que promoviera un recurso por la inmovilización de éstas.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la medida cautelar otorgada al exgobernador de Sinaloa sólo le permite disponer de los recursos por pensiones que percibe por parte del ISSSTE, IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer su acusación formal contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspiración y nexos con el cártel de Sinaloa, es específico con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que pidió a las autoridades mexicanas con fines de extradición.
De acuerdo con el expediente y los documentos judiciales que autoridades estadunidenses hicieron públicos la relación de Rocha Moya con Los Chapitos fue fundamental tanto para sus aspiraciones políticas como para el ascenso y control territorial del cártel.
Entre los señalamientos que Estados Unidos hizo contra el exgobernador de Sinaloa se incluye que llegó a la gubernatura del estado con ayuda de Los Chapitos, quienes habrían intervenido en las elecciones al secuestrar o intimidar a sus rivales políticos.
Además, sostienen que tuvo encuentros directos con miembros de la facción de los hijos de El Chapo cuando era candidato y después de convertirse en gobernador, así como de haber permitido total impunidad en el estado para dicha organización criminal, a fin de traficar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Los delitos de los que Estados Unidos acusa al exfuncionario incluyen: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladlas y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Rocha Moya rechazó las imputaciones de autoridades estadunidenses al afirmar que éstas carecían de “veracidad y sustento” y que sólo eran una maniobra “perversa” para afectar al movimiento al que pertenece y tratar de violar la soberanía nacional.
