La tragedia que envolvió a los cinco integrantes del grupo musical Fugitivo, desaparecidos el 25 de mayo de 2025 y confirmados como asesinados e incinerados en una ladrillera en la colonia Aquiles Serdán, ha destapado una vez más las carencias de las autoridades de Tamaulipas en el manejo de investigaciones de alto impacto. La Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Irving Barrios Mojica, ha sido señalada por familiares y colectivos por su falta de comunicación, opacidad en los procedimientos y manejo cuestionable de un caso que ha conmocionado a la sociedad tamaulipeca. A un mes del crimen, las dudas persisten, las respuestas escasean y la justicia parece lejana.
El 25 de mayo de 2025, Francisco Xavier Vázquez Osorio (20 años), Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40 años), Livan Edyberto Solís de la Rosa (27 años), Víctor Manuel Garza Cervantes (21 años) y José Francisco Morales Martínez (23 años), integrantes de la agrupación de música regional mexicana Grupo Fugitivo, fueron contactados por Lino Andrés “N” (alias “El Didi”) para una supuesta presentación privada en la colonia Riberas de Rancho Grande, Reynosa. Según la Fiscalía, alrededor de las 22:00 horas, los músicos fueron interceptados en la Avenida Las Palmas, obligados a bajar de su camioneta negra con logotipos de la banda y trasladados a una ladrillera en Aquiles Serdán. Ahí, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un horno industrial, con los restos abandonados a 300 metros del lugar.
El 28 de mayo, la Fiscalía localizó cinco cuerpos calcinados en un predio de la misma colonia. Al día siguiente, el 29 de mayo, se confirmó que correspondían a los músicos, aunque solo tres de ellos –Vázquez Osorio, Durán Rodríguez y Solís de la Rosa– han sido identificados mediante pruebas de ADN hasta el 24 de junio, según el fiscal Barrios Mojica. Los restos de los otros dos integrantes permanecen en análisis debido al grado de calcinación, lo que ha prolongado la agonía de las familias.
Desde el inicio, las familias de los músicos han denunciado irregularidades en el manejo del caso. Deisy Cervantes, hermana de Víctor Manuel Garza, ha sido una de las voces más críticas, acusando a la Fiscalía de no haberles informado sobre los avances de la investigación ni haberles solicitado muestras de ADN para la identificación de los cuerpos. “Nos enteramos por la prensa, no por las autoridades. No nos han dado respuestas claras ni nos han permitido ver los restos. ¿Cómo podemos confiar en que son ellos?”, expresó en una transmisión en redes sociales el 29 de mayo. Esta falta de comunicación ha generado desconfianza y sospechas de negligencia.
El 2 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso estaba siendo seguido por el gabinete de seguridad y ofreció el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, los familiares han señalado que esta intervención no se ha materializado. La Red de Acompañamiento Victimológico de Reynosa anunció que esta semana las familias viajarían a la Ciudad de México para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, argumentando “serias irregularidades” en la investigación local.
La Fiscalía ha reportado la detención de entre 9 y 13 personas presuntamente involucradas, con 10 vinculadas a proceso por desaparición cometida por particulares. Entre los detenidos están Lino Andrés “N” (alias “El Didi”), Brayan “N” (alias “Kosmos”), José “C” (alias “El Payaso”) y Heriberto “C” (alias “El Burger”), identificados como miembros del Cártel del Golfo, facción Los Metros. Además, tres personas –José Geovany Ipiña Rosales (alias “El Güero Nike”), Mario Lerma Armendáriz (alias “El Chuco”) y Francisco Javier Lerma (alias “Panchito”)– permanecen prófugas, con una recompensa de 1.5 millones de pesos por su captura.
A pesar de estas acciones, las autoridades no han esclarecido el móvil del crimen. Versiones extraoficiales sugieren un posible conflicto pasional relacionado con Ulises Raga Ortiz (alias “El Fayuka” o “M-40”), líder de Los Metros, pero la Fiscalía no ha confirmado esta hipótesis. La falta de claridad sobre las motivaciones y la ausencia de un comunicado oficial sobre el estado de las investigaciones han alimentado la percepción de que las autoridades buscan cerrar el caso sin profundizar en las responsabilidades.
El caso de Grupo Fugitivo no es aislado. Tamaulipas ha sido escenario de agresiones contra músicos en el pasado, como el secuestro y asesinato de 17 integrantes de Kombo Kolombia en 2013 en Hidalgo, Nuevo León, y el ataque a Los Norteños de Río Bravo en 2018. Estas tragedias reflejan la vulnerabilidad de los artistas en regiones controladas por el crimen organizado, donde la música regional mexicana, especialmente los corridos, puede ser interpretada como un desafío o una afrenta por grupos criminales. La última presentación de Grupo Fugitivo, en la que interpretaron “El Dueño del Palenque”, un corrido en homenaje al líder de otro cártel, ha sido señalada como un posible detonante, aunque las autoridades no han confirmado esta teoría.
Reynosa, una ciudad fronteriza marcada por la presencia del Cártel del Golfo, sigue siendo un epicentro de violencia. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas registró 1,092 homicidios dolosos en 2024, muchos de ellos ligados al crimen organizado. La incapacidad de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluidos artistas locales, pone en evidencia las fallas estructurales en el combate a la delincuencia. Las protestas de familiares, amigos y colectivos como “Amor por los Desaparecidos”, que incluyeron bloqueos en el Puente Internacional Reynosa-Pharr, reflejan el hartazgo social ante la impunidad.
El caso de Grupo Fugitivo no solo es una tragedia humana, sino un recordatorio de los retos pendientes en materia de justicia y seguridad en Tamaulipas. La opacidad de la Fiscalía, la falta de empatía hacia los familiares y la demora en la identificación de los restos han profundizado el dolor de una comunidad que exige respuestas. Mientras las autoridades celebran detenciones, las familias continúan sin certezas y con la sensación de que el caso podría quedar en el olvido, como tantos otros en un estado donde más de 18,500 personas permanecen desaparecidas desde el año 2000.
La sociedad tamaulipeca merece un sistema de justicia que priorice la transparencia, la comunicación con las víctimas y el esclarecimiento total de los hechos. Hasta que eso ocurra, el caso de Grupo Fugitivo seguirá siendo un símbolo de la deuda pendiente de las autoridades con sus ciudadanos.
