San Luis Potosí, SLP.- El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reveló que actualmente los Ayuntamientos potosinos gestionan recursos y enfrentan los desafíos de la rendición de cuentas con un rezago muy significativo en materia de digitalización; sin embargo, la transición hacia operaciones y procesos completamente automatizados es inminente y prioritaria.
“Uno de nuestros proyectos para el ejercicio 2027 es poner en marcha al cien por ciento la firma electrónica avanzada, lo que obligará legalmente a los 59 municipios a digitalizar toda su documentación y que ésta le sea entregada al Instituto ‘sí o sí’, de manera remota para las auditorías del período entrante”, advirtió el Auditor Superior del Estado.
Aun así, reconoció que, si bien la legislación actual ya prevé la digitalización, el organismo fiscalizador se encuentra en estos momentos esperando la emisión de lineamientos y otra documentación legal, que permita operar oficialmente su firma electrónica avanzada.
Asimismo, señaló que hay Ayuntamientos muy adelantados en la tarea de digitalizar sus documentos y ya cubren vía electrónica casi todas sus obligaciones de información ante el Instituto; se trata de los que cuentan con mayor capacidad económica y técnica: Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
Pese a ello, el asunto sigue representando un reto de inversión para la mayoría de los municipios con grandes rezagos, que carecen de la infraestructura necesaria para atender esta clase de requerimientos. “En este caso vamos por etapas, presionando para que se atienda lo básico primero -Seguridad Pública, por ejemplo- y lo secundario después; infortunadamente las tecnologías por ahora”, puntualizó Rodrigo Lecourtois.
Finalmente, detalló las ventajas de sistematizar digitalmente los procesos de fiscalización superior y afirmó que es el modo más eficaz y seguro de llevar a cabo la entrega de registros contables y documentos comprobatorios y justificativos del gasto, ya que desaparece el riesgo de perder información en traslados prolongados y salvaguarda la integridad de las personas servidoras públicas municipales y del propio IFSE.
