En medio de un diferendo institucional por la asignación de recursos y la ejecución de infraestructura vial, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos salió al paso de los recientes señalamientos del Ejecutivo estatal y exigió rigor técnico, defendiendo la legalidad y transparencia de los proyectos emprendidos por el Gobierno de la Capital.
Durante un posicionamiento público, el edil capitalino rechazó que las obras municipales se comparen de manera equitativa con las de la administración estatal, al tratarse de dimensiones y alcances técnicos totalmente distintos. Precisó que el proyecto del puente Jacobo Payán – Salvador Nava tiene un costo real de 244 millones de pesos —ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido—, y no los 280 millones que se habían manejado de manera imprecisa en el debate público.
Detalló que el contrato definitivo, tasado originalmente en 211 millones de pesos antes de impuestos, contempla un paquete integral de soluciones urbanas que incluye dos pasos viales, la construcción de un colector pluvial de gran escala, una estructura metálica de puente y un sistema de alumbrado con superpostes. Asimismo, enfatizó que todo el proceso administrativo fue ingresado y validado conforme a la normatividad, contando con el registro ante la Contraloría General del Estado.
En contraste, Galindo Ceballos cuestionó la opacidad que rodea a las obras a cargo del Gobierno del Estado, específicamente el puente de salida a Guadalajara. Recordó que, de acuerdo con publicaciones oficiales emitidas por la propia administración estatal, el proyecto inicial se publicitó con un costo de 350 millones de pesos, cifra que posteriormente varió en los discursos oficiales. El alcalde señaló que, al revisar las plataformas de transparencia y fiscalización, no se ha localizado la licitación pública correspondiente a dicha obra, por lo que exigió que se transparenten los procedimientos del Ejecutivo.
Aunque reconoció que su intención inicial era evitar un desgaste político que pudiera proyectar una imagen de confrontación ante los sectores productivos y empresariales de la entidad, el alcalde subrayó que la defensa de los datos y el manejo financiero de su administración no podía quedar sujeta a desinformación. «Mis obras son transparentes, están ajustadas a derecho, están ajustadas en precios y costos: son públicas y transparentes», sentenció.
Finalmente, el presidente municipal reiteró su apertura al diálogo institucional y tendió puentes de comunicación —a través de la Secretaría General de Gobierno— para sostener un encuentro con el titular del Poder Ejecutivo, ya sea en privado o de cara a la ciudadanía, con el propósito de zanjar las diferencias y evitar que las disputas políticas fracturen la confianza social y la estabilidad del municipio.
Alcalde capitalino aclara diferendo institucional con gobernador RGC
