El Gobierno de México presentó ante representantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones civiles los avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, en una exposición que destacó reformas legales, mecanismos de identificación humana y cifras de localización, días antes de que Naciones Unidas dé a conocer un informe sobre la crisis de desapariciones en el país.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, durante el foro Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), autoridades mexicanas defendieron las acciones emprendidas y reiteraron que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, presentó las diez acciones que integran la estrategia y destacó la conformación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para revisar las metodologías utilizadas en el registro de personas desaparecidas.
Entre las medidas expuestas se encuentran las reformas legales que establecen la obligación de abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y comenzar la búsqueda de manera inmediata, sin esperar un plazo determinado. También se mencionaron la operación continua del Centro de Mando Nacional y la incorporación de profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa informó sobre la actualización del protocolo homologado de búsqueda e investigación, en cuya revisión participaron familias y colectivos. Asimismo, expuso los avances en la consolidación del banco de datos forenses, considerado una herramienta para fortalecer los procesos de identificación humana.
Durante el encuentro, Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que la asistencia técnica de ese organismo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por su parte, James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció que las autoridades mexicanas han colocado el tema entre sus prioridades institucionales, aunque subrayó la necesidad de convertir las disposiciones legales y los mecanismos establecidos en resultados efectivos para las víctimas y sus familias.
Al cierre del foro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró la disposición del Estado mexicano a mantener el diálogo y atender el escrutinio internacional. Sostuvo que el país ha expresado ante el Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.
La presentación de estos avances ocurre en medio de la atención internacional sobre la crisis de desapariciones en México. En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitó la intervención de la Asamblea General del organismo para impulsar medidas destinadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito en el país.
El informe del comité está previsto para el 19 de octubre, durante el periodo de actividades relacionado con la 81.ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York. En torno a esa fecha, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos prevén participar en encuentros sobre las obligaciones de los Estados, la impunidad y la protección de quienes buscan justicia.
La discusión internacional representa un punto relevante para México, debido a que las autoridades federales buscan exponer los mecanismos que han puesto en marcha, mientras familiares y colectivos mantienen la exigencia de resultados concretos en la localización de personas, la identificación de restos y el esclarecimiento de los casos.
Apenas el 14 de octubre, la Secretaría de Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda había permitido localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses. El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, junto con Arturo Medina Padilla y Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
De acuerdo con las cifras presentadas por la dependencia, 6 mil 939 localizaciones se obtuvieron mediante cruces administrativos en la Plataforma Única de Identidad, mientras que 4 mil 788 casos fueron formalizados en coordinación con las entidades federativas.
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó que encontró con vida a mil 214 personas mediante labores en territorio, mientras que otras 3 mil 473 localizaciones se consiguieron a través de la Alerta Nacional de Búsqueda. En conjunto, los cuatro rubros suman 16 mil 414 casos.
Las autoridades también anunciaron la integración de especialistas para reforzar los procedimientos de búsqueda. Sin embargo, los datos de localización y las acciones administrativas forman parte de los resultados presentados por el Gobierno federal, mientras que el debate ante Naciones Unidas se centra en la capacidad de las instituciones para garantizar búsquedas efectivas, investigaciones, identificación de personas fallecidas y acceso a la justicia.
Con la presentación de estos avances, el Gobierno mexicano expuso ante la comunidad internacional las medidas adoptadas para atender las desapariciones. La próxima publicación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada será un nuevo punto de referencia para evaluar la respuesta institucional y las obligaciones del Estado frente a las víctimas y sus familias.
