La tensión aumentó este domingo en Cerritos, donde decenas de manifestantes tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir justicia por la muerte de Liz Castro, fallecida en un accidente ocurrido el pasado domingo.
Reclamaron la presencia de la presidenta municipal, Ruth Liliana Castillo Montelongo, quien, según los inconformes, no se ha presentado ante ellos, para explicar l porqué utilizaron una ambulancia de presidencia para sacar del hospital al conductor de la unidad accidentada, según los manifestantes; “para esconderlo y protegerlo”.
Con pancartas y consignas de “¡Entreguen al culpable!”, los manifestantes permanecieron en el interior del Palacio Municipal y advirtieron que no abandonarían el inmueble, incluso con la intención de pasar ahí la noche, hasta obtener respuestas.
La protesta se produjo un día después de que familiares, amigos y activistas bloquearan durante aproximadamente 12 horas la carretera de cuota Cerritos-San Luis Potosí, como medida de presión para exigir el esclarecimiento del accidente.
Mientras continúa la movilización, personal de la Fiscalía General del Estado realiza diligencias en el domicilio de la familia de Liz Castro. Entre las actuaciones se encuentra la toma de declaración de una de las sobrevivientes del accidente y hermana de la víctima, cuyo testimonio podría ser relevante para el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con los manifestantes, el vehículo involucrado era conducido por Raúl N., quien resultó lesionado junto con otras personas. Los inconformes han señalado que el conductor es hijo de la diputada local Leticia Vázquez y de Raúl N., regidor del Ayuntamiento de Cerritos, ambos los padres del joven conductor involucrado.
Asimismo, han denunciado que el joven habría sido trasladado fuera del hospital donde recibía atención médica, presuntamente con apoyo de familiares y mediante una ambulancia de la Presidencia Municipal. Este señalamiento deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.
La movilización también provocó el cierre de negocios en solidaridad con la protesta y la suspensión del Festival del Taco, mientras algunos sectores han cuestionado que el conflicto pueda estar adquiriendo tintes políticos.
Por ahora, el caso permanece abierto y la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.
En tanto, la toma de la Presidencia Municipal refleja el creciente descontento de un sector de la población, que exige que la investigación avance sin privilegios, presiones ni intereses políticos, y que se esclarezca lo ocurrido con Liz Castro.
