Al Filo de la Navaja
Mientras un grupo de policías asiste a un aula para actualizarse en protocolos de actuación, uso de la fuerza y derechos humanos, afuera, en las calles de San Luis Potosí, la violencia seguía impartiendo su propia cátedra. Una mucho más cruel, mucho más rápida y, sobre todo, mucho más efectiva para sembrar miedo. La capacitación policial es necesaria. Nadie podría discutir que una corporación mejor preparada presta un mejor servicio. El respeto a los derechos humanos, la correcta aplicación de la fuerza y la profesionalización de los elementos son pilares de cualquier institución de seguridad moderna. Sin embargo, existe una realidad que ningún curso puede ocultar: la delincuencia continúa marcando el ritmo de los acontecimientos. La madrugada volvió a ser escenario de otra ejecución en la delegación La Pila. Apenas unas horas antes, ese mismo sector había sido noticia nacional por dos ataques armados que dejaron cuatro personas asesinadas en distintos puntos de la demarcación. Cuando todavía peritos y agentes ministeriales procesaban esas escenas, un nuevo reporte de detonaciones volvía a encender las alarmas en las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza. La Pila dejó de ser únicamente una de las puertas de entrada a la Zona Industrial. Hoy se ha convertido en un punto recurrente dentro del mapa de la violencia. Los homicidios comienzan a acumularse con una frecuencia que inquieta a quienes viven, trabajan o simplemente transitan por esa delegación. El patrón ya no parece responder a hechos aislados, sino a una dinámica criminal que se instala y se reproduce. Pero La Pila no fue el único escenario, en Villa de Reyes, la comunidad de El Saucillo despertó con una historia difícil de comprender. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda, despojaron de sus teléfonos celulares a quienes se encontraban en el lugar y caminaron directamente hacia una habitación. Minutos después se escuchó un disparo. Orlando, de apenas 33 años, quedó sin vida dentro de su propio hogar. Los vecinos insisten en describirlo como un hombre tranquilo, trabajador y ajeno a conflictos. Quizá las investigaciones terminen confirmándolo o quizá revelen otra historia. Lo cierto es que la percepción social vuelve a tropezar con una pregunta que cada vez aparece con mayor frecuencia: si alguien puede ser ejecutado dentro de su propia casa, ¿qué tan seguro puede sentirse el resto de la comunidad? Mientras tanto, en Mexquitic de Carmona apareció otro cuerpo. Esta vez, en una zona despoblada de San Marcos. Un hombre, con las manos atadas, fue localizado sin vida. Hasta ahora no existe una versión oficial sobre la causa de muerte ni sobre su identidad, pero las circunstancias del hallazgo hablan por sí mismas. Cuando una persona aparece maniatada y abandonada en un camino rural, el mensaje que deja la delincuencia suele ser más poderoso que cualquier comunicado institucional. A esta cadena de homicidios se suma un fenómeno igual de preocupante, aunque menos visible: las desapariciones. Las fichas de búsqueda continúan multiplicándose semana tras semana. La mayoría corresponde a hombres y mujeres jóvenes. Algunos aparecen días después. Otros regresan por sus propios medios. Pero muchos siguen ausentes. Cada fotografía publicada representa una familia que dejó de dormir tranquila y comenzó una búsqueda que, en demasiadas ocasiones, termina dependiendo más de colectivos ciudadanos que de los avances de una investigación oficial. Las desapariciones tienen una característica especialmente dolorosa: prolongan el sufrimiento. En un homicidio existe una certeza devastadora. En una desaparición permanece la incertidumbre permanente. No saber dónde está un hijo, una hermana o un padre se convierte en una condena diaria para cientos de familias. Frente a este panorama, resulta inevitable preguntarse si la estrategia de seguridad está logrando contener la violencia o únicamente administrando sus consecuencias. Porque la capacitación policial es indispensable, pero no sustituye la inteligencia operativa. Enseñar protocolos no desmantela grupos criminales. Actualizar manuales no evita que un comando irrumpa en una vivienda. Capacitar en derechos humanos no impide que una persona desaparezca durante días sin dejar rastro. La seguridad pública exige mucho más que policías mejor preparados. Requiere investigaciones eficaces, coordinación real entre instituciones, capacidad de reacción, combate a la impunidad y presencia permanente en las zonas donde la violencia ya dejó de ser excepcional para convertirse en rutina. La sociedad tampoco puede acostumbrarse a contar muertos como si fueran parte del paisaje informativo. Cada ejecución, cada desaparición y cada cuerpo abandonado representan un fracaso colectivo. Cuando las noticias violentas comienzan a repetirse con tanta frecuencia que dejan de sorprender, el mayor riesgo no es únicamente la delincuencia, sino la normalización. San Luis Potosí enfrenta hoy un desafío que no se resolverá únicamente desde un salón de clases. Los cursos fortalecen instituciones; las calles exigen resultados. Y mientras la violencia siga escribiendo más capítulos que las estrategias para contenerla, será difícil convencer a la ciudadanía de que las cosas realmente están cambiando. Porque los criminales, a diferencia de las corporaciones, no toman cursos. Actúan. Y, por ahora, lo siguen haciendo con una frecuencia que resulta imposible ignorar. No tiene caso mencionar o comentar lo que sale con frecuencia a decir el señor Jesús Juárez, el ungido como titular de la dependencia encargada de la seguridad pública estatal, pues no dice nada nuevo, simplemente que vivimos en un clima, un ambiente de seguridad, donde la gente tiene confianza y seguridad al salir de casa, aunque la realidad que se vive en las calles es otra. En fin, la verdad es que no hay ningún estado en el país que esté libre de inseguridad, ahora se conforman con no aparecer en el top de las más afectadas por la delincuencia, sea organizada o no.
