Al Filo de la Navaja
Hay una frase que suele repetirse cada vez que se presentan cifras, operativos, decomisos o ruedas de prensa oficiales: “San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y coordinación en materia de seguridad”. El problema es que, fuera del discurso institucional, la realidad cotidiana empieza a contar una historia distinta. La violencia no se detiene. Las ejecuciones continúan. Las desapariciones mantienen en incertidumbre a familias enteras. Las carpetas de investigación envejecen en escritorios. Y mientras eso ocurre, desde el aparato oficial persiste una narrativa de control que cada vez encuentra menos eco entre quienes viven el problema. No se trata de negar que existan operativos, patrullajes o detenciones. Sería incorrecto hacerlo. El cuestionamiento está en otra parte: ¿por qué, si todo funciona como se presume, los hechos violentos siguen ocupando la conversación diaria? La semana volvió a dejar escenas que difícilmente encajan con el discurso triunfalista. En Tamuín, menos de veinticuatro horas bastaron para acumular tres hechos violentos de alto impacto. Primero, una mujer, adulta mayor, asesinada dentro de una tienda de abarrotes. Después, un hombre atacado en su domicilio que sobrevivió de gravedad. Más tarde, otra mujer privada de la vida en la colonia Hidalgo. La respuesta oficial fue la conocida: despliegue, operativo, persecución y comunicado. “Son delincuentes foráneos”, según el inepto titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez, que para dar justificaciones se pinta solo, pero lo que en realidad debe dar son buenos resultados. La Guardia Civil Estatal informó que durante el despliegue posterior fue atacada y repelió la agresión, con saldo de un presunto agresor abatido. Pero más allá del resultado inmediato aparece una pregunta incómoda: ¿cómo llegó el municipio a concentrar varios hechos violentos en cuestión de horas? Porque cuando la explicación termina siendo que “personas provenientes de otros estados intentan ingresar para delinquir”, la sensación que queda es que el problema siempre está afuera y nunca dentro. Y quizá sí exista presión externa. Pero también existe una responsabilidad interna: prevenir, contener y anticipar. La seguridad pública no puede medirse únicamente por la capacidad de responder cuando ya hubo muertos. También está la capacidad de evitar que ocurra. En la capital potosina tampoco fue una semana para presumir indicadores. En la colonia Rural Atlas, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Neptuno. Otra escena conocida: detonaciones, acordonamiento, peritos, levantamiento de indicios e investigación abierta. La secuencia ya parece protocolo automático. Sucede el crimen. Llegan patrullas. Se instala cinta amarilla. Se abre carpeta. Se promete investigación. Y después, silencio.
Porque si algo empieza a convertirse en reclamo recurrente ya no es únicamente la violencia, sino la lentitud con que avanzan los casos. La Fiscalía General del Estado enfrenta cada vez más cuestionamientos por expedientes detenidos, investigaciones que no llegan a ninguna parte y víctimas que terminan convirtiéndose en investigadoras de sus propios asuntos. Uno de los casos que más indignación generó en días recientes fue el de una mujer que acudió directamente a exigir respuestas sobre una denuncia presentada hace más de cuatro años relacionada con la sustracción de su hija. La denuncia fue iniciada el 24 de marzo de 2023. Tres años después, la respuesta sigue sin llegar. Lo más delicado no es únicamente el tiempo transcurrido. De acuerdo con el señalamiento público realizado por la denunciante, durante ese periodo habría existido incluso un informe donde supuestamente se asentó una entrevista que —según su versión— jamás ocurrió. La confrontación terminó dentro de instalaciones oficiales. La mujer grababa. Le retiraron el teléfono. Y el expediente siguió igual. Más allá de lo que determinen los procesos internos, el episodio deja una pregunta devastadora: ¿qué siente una persona cuando descubre que el sistema al que acudió para buscar justicia parece conocer menos su caso que ella misma? Hay familias que no piden privilegios. Piden movimiento. Piden llamadas. Piden diligencias. Piden que alguien abra el archivo. Y mientras eso ocurre, otro fenómeno sigue creciendo silenciosamente: la desaparición. La búsqueda de Rubí Carrizalez Araiza continúa generando llamados ciudadanos después de haber sido vista por última vez en Puerta Real. En estos casos, las familias ya aprendieron algo doloroso: las primeras horas valen más que cualquier conferencia posterior. Difundir, buscar, mover redes, salir, insistir. Porque existe una percepción instalada entre muchos colectivos: si ellos no presionan, el tiempo simplemente pasa y cuando el tiempo pasa, el desenlace puede convertirse en tragedia, como ocurrió con el joven que había sido reportado como desaparecido y posteriormente fue localizado sin vida en el camino entre Cárdenas y La Labor. Primero apareció la ficha, luego los mensajes, después las cadenas de ayuda y finalmente el hallazgo. Cada caso de este tipo deja una pregunta que nunca encuentra respuesta pública suficiente: ¿qué ocurrió entre el momento en que desapareció y el momento en que fue encontrado? Pero también deja otra reflexión incómoda. Las redes sociales se están convirtiendo en una extensión informal del sistema de búsqueda. Familias publicando, ciudadanos compartiendo, grupos organizándose. Mientras las instituciones siguen ritmos más lentos.
En Soledad ocurrió otro episodio que retrata otra cara del problema. Una riña terminó con un joven muerto en Rancho Pavón. Llegó el operativo, patrullas, movilización. Hay versiones de personas detenidas luego del crimen, además de allanamiento de viviendas, todo en el despliegue posterior.
Pero otra vez aparece la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos llegando después? Hay una diferencia enorme entre reacción y prevención, y el problema de depender exclusivamente de la reacción es que siempre habrá alguien que ya perdió. Al final, el debate ya no gira solamente alrededor del número de patrullas o del volumen de operativos. La discusión empieza a colocarse en otro terreno. Porque cuando la ciudadanía deja de creer que denunciar sirve, el daño institucional es mucho más profundo que cualquier estadística. Porque cuando una madre espera años. Cuando una familia busca sola. Cuando una ejecución deja de sorprender. Cuando una desaparición obliga a movilizar redes antes que instituciones, entonces el problema ya no es solamente de seguridad, es de credibilidad. Recuperar la credibilidad siempre cuesta más que presentar resultados. Porque mientras una versión presume avances y la otra cuenta muertos, desaparecidos y expedientes detenidos, alguien está dejando de ver la realidad completa.
