El acoso sexual contra las mujeres volvió a ocupar la agenda pública tras el incidente ocurrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de una agresión mientras se dirigía a la Secretaría de Educación Pública. El hecho, que derivó en una denuncia formal, llevó a la mandataria a reflexionar: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres de nuestro país?”.
En San Luis Potosí, las cifras reflejan que la problemática también es constante. De enero a septiembre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 250 denuncias por acoso sexual y 17 por hostigamiento, además de 189 reportes de emergencia por estos delitos. La tasa estatal alcanza 6.34 casos por cada 100 mil habitantes, ubicando al estado entre las entidades con persistencia de violencia de género en espacios públicos y laborales.
El informe nacional también contabiliza en la entidad 1,514 llamadas por violencia contra las mujeres, 1,426 por violencia de pareja, 108 por abuso sexual y 466 por violación. Estas cifras confirman que el acoso y el hostigamiento siguen siendo formas de violencia frecuentes, pese a los esfuerzos institucionales para promover la denuncia y la atención integral de las víctimas.
Durante la denominada “Mañanera del pueblo”, la presidenta Sheinbaum explicó que decidió presentar denuncia ante el Ministerio Público “para visibilizar el acoso” y dejar claro que “nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar”. Agregó que su caso refleja lo que enfrentan millones de mujeres en el país, especialmente en contextos donde el alcohol, la impunidad o la falta de educación en igualdad de género siguen normalizando la agresión.
Las estadísticas oficiales muestran que, más allá del ámbito político, el acoso sexual en San Luis Potosí continúa siendo una realidad cotidiana. Las autoridades locales enfrentan el reto de fortalecer las políticas preventivas, garantizar protección a las víctimas y reducir la brecha entre la denuncia y la sanción efectiva de los agresores.
