Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron el dictamen de Reforma Constitucional y Electoral impulsado por el CEEPAC, el cual será turnado al Pleno para su votación definitiva. El proyecto plantea modificaciones relevantes en la organización de los comicios, la profesionalización de los órganos electorales y la inclusión de grupos históricamente marginados. Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento del principio de paridad de género, que obligaría a que la próxima gubernatura sea encabezada por una mujer.
De acuerdo con el dictamen, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán registrar perfiles femeninos para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo en el próximo proceso electoral. Esta disposición responde al principio de alternancia de género, dado que en la contienda anterior fue postulado un hombre. A partir de los procesos sucesivos, la alternancia se aplicará como regla permanente.
La propuesta incorpora una regulación constitucional explícita para garantizar la paridad en la postulación a la gubernatura, cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer, así como en presidencias municipales, donde 19 municipios no han tenido una titular femenina. El diseño normativo busca asegurar que la postulación y el acceso a cargos de elección popular se realicen bajo criterios sustantivos y no únicamente formales.
El análisis realizado por las Comisiones advierte que el marco constitucional local carece de disposiciones expresas para asegurar la paridad en la postulación a la gubernatura, lo cual resulta incongruente con los mandatos nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva. Desde la creación del Estado, ninguna mujer ha encabezado el Poder Ejecutivo local, situación que refleja una barrera estructural en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Las reformas a los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como a los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral, se consideran viables en términos jurídicos y constitucionales porque establecen parámetros claros para la postulación paritaria tanto a la gubernatura como a las presidencias municipales. Con ello, se convertirían en norma permanente prácticas que antes se aplicaban mediante lineamientos temporales.
El proyecto también incluye otras modificaciones sustantivas: adelantar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre anterior al año comicial; profesionalizar las comisiones distritales mediante remuneraciones; modernizar el manejo de boletas y sistemas de resultados; y ampliar atribuciones en la selección de integrantes del Poder Judicial. Asimismo, propone que los partidos políticos destinen al menos 5 por ciento de su presupuesto anual a la capacitación y formación política de personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
