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APRUEBA CONGRESO DE SLP LA LEY HOPE: HASTA NUEVE AÑOS DE CÁRCEL POR MALTRATO ANIMA

San Luis Capital

Con 25 votos a favor, el Poder Legislativo endureció las sanciones por crueldad, abandono y agresiones con agravantes tras más de un año de exigencia ciudadana.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, con 25 votos a favor, la denominada Ley Hope, una reforma legal que endurece las sanciones contra la crueldad y el abandono animal en San Luis Potosí, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión cuando existan circunstancias agravantes.

La aprobación responde a más de un año de movilizaciones, recolección de firmas y exigencias impulsadas por colectivos y organizaciones protectoras de animales, luego del asesinato de la perrita Hope, quien fue golpeada y quemada en abril de 2025, caso que detonó el reclamo social para actualizar el marco jurídico en la entidad.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, provocar la muerte de un animal será castigado con penas de dos a seis años de cárcel; no obstante, la sanción podrá incrementarse hasta en un 50 por ciento —alcanzando los nueve años— si se prolonga innecesariamente el sufrimiento, se emplean métodos crueles o se graba la agresión. Asimismo, se fijaron castigos de hasta dos años de prisión por lesiones leves, de hasta cuatro años por daños permanentes, de tres a seis años por actos sádicos, zoofílicos o de sobreexplotación física, y de dos a cinco años por abandonar animales de compañía poniendo en riesgo su vida.

De forma complementaria, la normativa faculta a las autoridades para retirar la custodia de los animales a los agresores, prohibirles volver a tener mascotas, imponerles jornadas de trabajo comunitario y ordenar tratamientos psicológicos obligatorios.

Pese a que los colectivos celebraron la aprobación como un avance significativo, señalaron que el dictamen final no integró la totalidad de sus demandas, ya que proponían penas base de cuatro a ocho años para los delitos más graves y mayores candados legales para impedir que los responsables accedan a beneficios procesales. El decreto será turnado al Poder Ejecutivo para su publicación oficial y posterior entrada en vigor.

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