El gobierno puso la semana pasada sobre la mesa la propuesta de que las secretarías absorban a los órganos autónomos. En el caso del regulador energético, su captación empezó mucho antes.
En los primeros días de la actual administración, un organismo federal vio prácticamente paralizadas sus labores. En menos de dos meses, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), vivió un revuelo de renuncias y cambios que la llevaron a paralizar sus labores en el pleno –el órgano de decisiones– por cerca de cuatro meses.
Cuando el regulador del mercado eléctrico operó de nuevo, en mayo de 2019, el cambio era evidente. La llegada de nuevos comisionados y la visión del ejecutivo respecto a derribar lo hecho con la reforma energética ya permeaba en el organismo.
Ahora, a dos años del inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha amagado con desaparecer a los autónomos, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Pero el debilitamiento de la CRE ya tiene una historia trazada y comenzó desde los primeros días de la administración morenista.
El primer golpe al regulador fue una baja sustancial en el primer presupuesto que le asignó la administración obradorista. El organismo que sumó importancia con la apertura del mercado, derivado de la reforma energética, vio una baja de 28% –equivalente a cerca de 100 millones de pesos– en 2019, lo que causó la reducción de poco más de 300 trabajadores de su plantilla.
El jefe del ejecutivo comenzaba a advertir su postura respecto a los reguladores. Estos, argumenta, cuestan mucho y no han demostrado eficacia. En el caso de los energéticos, dice, han contribuido al “desmantelamiento” de las estatales Pemex y CFE.
Entre diciembre y abril de 2018, tras el inicio del sexenio, cuatro comisionados del regulador dimitieron. Una de ellas, Neus Peniche, dejó el cargo para asumir una dirección en la Secretaría de Energía (Sener), en el que continúa hasta ahora. El resto lo hizo para enfocar sus labores en el sector privado y en organizaciones internacionales.
Las versiones de las salidas son varias: los comisionados vieron una baja en su salario de 50%, como parte de una medida general tomada desde presidencia y que fue bien recibida por los simpatizantes del presidente, y desde la CRE ya se visualizaba un cambio de 180 grados a lo que representó la administración del regulador durante los primeros años de implementación de la reforma energética.
“(Las salidas) no sólo (fueron) por el sueldo, sino por el desgaste que implicaba que en cada declaración acerca de la CRE se hablara mal de los funcionarios. Si no puedes lograr nada, si te van a atacar, si además tu trabajo ya no sirve como servía antes, tenía muy poco caso quedarte a pelear”, dice un ex alto funcionario del regulador que pidió anonimato.
La primera pista en el cambio del rumbo del regulador llegó en febrero de 2019, cuando el presidente envió al Senado sus ternas para ocupar las cuatro plazas vacantes en el regulador. Su selección fue duramente criticada, incluso por Guillermo García Alcocer, quien en ese momento presidía la Comisión, debido a la relación de los nominados con CFE y Pemex y por la ausencia de conocimiento técnico.
Tras dos intentos de votación, ninguno de los candidatos logró la mayoría en el Senado para ocupar uno de los espacios en el quórum. Pero aún así, y pese las críticas, en abril de 2019 el presidente designó cuatro nuevos comisionados: Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, Guadalupe Escalante y José Alberto Celestinos. Tres de ellos con un pasado en la petrolera estatal Pemex. Incluso el último funge como asesor dentro del proceso de construcción de refinería Dos Bocas, en Tabasco.
Su entrada al organismo marcó un antes y un después en la relación del regulador con el sector privado. Los permisos, especialmente para el mercado de generación eléctrica y nuevas estaciones de venta de gasolinas, comenzaron a autorizarse más espaciadamente en las sesiones del órgano de gobierno hasta llegar a su casi paralización en los últimos meses.
En junio de ese año el cambio de rumbo se volvió más evidente. Después de una racha de tensiones con el ejecutivo, resultante de la crítica que lanzó tras las nominaciones para nuevos comisionados, García Alcocer abandonó su cargo argumentando que el nuevo pleno del órgano tenía una visión distinta a la suya, según informó en una carta.
En noviembre pasado el profesor del ITAM fue inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública por conflicto de interés, tras supuestamente acreditarse que favoreció con permisos para comercializar combustibles a una empresa relacionada con uno de sus familiares, informó en su momento la dependencia.
La salida de Alcocer marcó un hito en la relación de la CRE y sus trabajadores. Muchos de ellos, y no solo mandos altos, decidieron renunciar al organismo derivado del constante ataque hacia las labores del regulador.
En julio del año pasado, la idea del presidente por alinear a los reguladores sumó un nuevo elemento: un memorándum que les fue enviado a los organismos del sector energético –incluida la CRE– en donde les pide sumarse a uno de los principales objetivos presidenciales, el fortalecimiento de las compañías.
El pacto entre los reguladores, los máximos responsables de la política energética y el presidente se cerró en una reunión de septiembre en Palacio Nacional, en la que acordaron favorecer a la petrolera y la eléctrica nacional con el marco jurídico actual, antes de intentar una contrarreforma energética.
Una reunión en noviembre, que tenía como objetivo decidir la presentación de la contrarreforma, fue pospuesta, pero los planes del ejecutivo siguen adelante. La decisión, dicen fuentes consultadas, ya ha sido tomada.
Algunos juristas especializados en la materia aseguran que para desaparecer a la CRE, o para sumar sus funciones a la Secretaría de Energía, sería necesaria la presentación de una reforma constitucional, cuya aprobación necesitaría el visto bueno de ambas cámaras y el apoyo de al menos 17 congresos locales. Otros afirman que el proceso es más sencillo y sólo será necesaria la modificación de algunas leyes y reglamentos.
Pero cual sea el camino, o si la administración federal elige o no hacer cambios legislativos, el cambio al interior de la CRE ya ha sido echado a andar y la idea de hacer de ésta un regulador autónomo está cada vez más lejos.
