En respuesta a las protestas recientes de productores agrícolas que bloquearon carreteras y puentes fronterizos, diputadas y diputados realizaron modificaciones a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Aguas, con el fin de asegurar la continuidad de la transmisión familiar y la herencia de títulos de concesión en zonas rurales.
Los legisladores incorporaron los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2, que obligan a la Autoridad del Agua a resolver, en un plazo máximo de 20 días, la reasignación de volúmenes cuando existan transmisiones de dominio vinculadas a un título de concesión, fusiones o escisiones de sociedades civiles o mercantiles, así como casos en los que se acrediten derechos sucesorios. La autoridad deberá emitir un nuevo título que conserve el mismo volumen, uso y plazo remanente.
La propuesta corrige la iniciativa original, que prohibía a particulares vender, transmitir u heredar concesiones, limitación que generó inconformidad en comunidades agrarias y organizaciones del campo. Con la nueva redacción, estas prácticas se mantienen, aunque bajo supervisión formal de la autoridad. Además, se incorpora el concepto de uso agropecuario familiar, entendido como el sistema de producción destinado al sostenimiento del hogar mediante actividades agrícolas y pecuarias.
Las modificaciones al artículo 49 establecen que, al transmitirse el dominio de tierras vinculadas a un título para uso del agua, la nueva persona propietaria conservará los derechos de explotación cuando se trate de actividades primarias agrícolas y pecuarias, incluso cuando ambas se combinen sin implicar cambio de uso.
El predictamen también amplía de uno a dos años el plazo previo para solicitar prórrogas de concesiones y elimina la “disponibilidad” del recurso como criterio para otorgarlas. En materia de sanciones, se reduce el rango de multas de 260 a 30 mil UMAS, así como las penas de prisión, que pasan de un rango de 1 a 12 años a entre 3 meses y 8 años. Se exceptúa de penalización a quienes realicen aprovechamiento de agua para uso personal, doméstico o agropecuario familiar.
La reforma contempla además la creación del Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, un órgano que fungirá como responsable de la reserva nacional y estará integrado por las secretarías de Medio Ambiente, Bienestar, Economía, Hacienda y Agricultura, bajo la presidencia del titular de la Conagua.
El dictamen modificado será discutido en comisiones antes de su eventual votación en el Pleno.
