Por: Adriana Ochoa
Iniciaron las campañas para renovar el Poder Judicial del Estado y el ejercicio apenas se mueve en el corralito de la retórica, en el lugar común por falta de propuestas concretas.
Hay las trayectorias, que hablan por sí mismas, no todas esperanzadoras. Sirven por lo menos para ubicar la mano que los impulsó y propuso. Hay candidatos con mucho qué decir desde el arranque y otros evidentemente atenidos a algo con tufillo a movilización de estructuras clientelares, las que serán decisivas si a los potosinos sin militancias no se interesan en presentarse a las urnas el 1 de junio.
Obvio: si menos ciudadanos acuden a votar por jueces y magistrados, lo tienen más fácil los proyectos de desembarco partidista y político en los juzgados y magistraturas. Y de aquí al lawfare, el uso instrumental de la justicia para la consecución de objetivos políticos, el camino es muy corto.
Una revisión a los mensajes de los candidatos a magistrados del Poder Judicial del Estado, y del Tribunal de Disciplina que lo gobernará, mueve a preocupación precisamente en el tema de la independencia que ofrecen: no hablan de ella.
Quizá porque presidió el Poder Judicial en los tiempos que el gallardismo más tripero encuadra con la cantaleta de “herencia maldita”, el magistrado Juan Paulo Almazán Cue es el único que radica en su visión de formación judicial que “la independencia judicial no es negociable”.
Almazán Cue habla de 26 años de trayectoria, que es virtud o defecto por donde se mire. Cuando presidió el Supremo no fue precisamente muy disruptivo contra la burocracia y la lentitud que propone echar abajo. Su campaña en redes tiene seguidores, e incluso fotos de giras en colonias y villorrios. Conoce el perfil de sus votantes potenciales y por ello tira del saber estar: traje de buen corte, mocasines y Coldplay de fondo con “Viva la vida”. Toda una declaración de pertenencia.
Otro candidato con historia, el fiscal y hoy secretario de Seguridad José Luis Ruiz Contreras, se echa a los brazos de la movilización oficialista. Lo grita en su perfil de Facebook: “Todos con el 34”, una orden para las fuerzas vivas de globito verde y pancartas zalameras. Propuestas: ve “necesario” realizar foros de consulta para que “la justicia sea accesible”. Y un rollo laudatorio de lo estupenda que será la reforma porque “implicará mayor coordinación interna”. Con que “coordinación” no acabe en sumisión. Rollo para cumplir, ninguna idea medianamente interesante.
El verdadero mensaje del jefe estatal de Seguridad es su trayectoria: fiscal de consigna, estilo tirando a siniestro. No le tiene algo de cuidado inspirar una brizna de simpatía o confianza: la foto del cabezal en su promocional de Facebook, de perfil y descuidada, es para sacarle la vuelta en una reunión.
Sobre la propia convocatoria que pide separarse del cargo de fiscal un año antes de la publicación para participar como candidato, Ruiz Contreras hizo sus propias cuentas y se presentó. ¿Eficaz titular de seguridad? Bueno, la Marina reventó la semana pasada un laboratorio de metanfetas en plena Zona Industrial cuya operación escandalosa solo fue posible porque pudieron hacerlo.
Hay candidatos que hasta ayer ni un mensajito habían puesto en sus recién elaborados perfiles de promoción. Así va el extitular de paso más triste, inútil y desechable sobre la Fiscalía Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, Felipe Aurelio Torres. Con grandes oportunidades para una trayectoria brillante (padre ex diputado, madre magistrada), el chico encabezó por gracia de relaciones una fiscalía anticorrupción anodina, sometida y faldera. ¿O alguien recuerda un testerón de importancia a algún corruptillo promedio siquiera? “Nepo baby” de toda la vida profesional, al parecer lo sacará adelante el voto comprometido de Morena.
Las boletas no van en negros y trámites cantados. Hay también candidatos con más compromiso en el arranque de campaña. Las damas con carrera judicial se han esforzado. No, no faltan los nexos, que en esta “elección del pueblo” a pocos se les ha ocurrido que a la contienda se va solito y sin un afecto, padrinazgo o buena fe detrás.
Funcionaria judicial, Juana María Alfaro Reyna inició campaña con un sentido reel de compromiso con la memoria de su padre, el exprocurador Lorenzo Alfaro Ríos. Por supuesto, es hermana de uno de los operadores en comunicación de los gobiernos gallardistas, estatal y municipales, Gerardo “El Chino” Alfaro.
Magistrada desde 2021, Silvia Torres Sánchez es hermana del secretario general de Gobierno del Estado, José Guadalupe Torres Sánchez. Busca refrendar el cargo en el nuevo esquema y sería muy extraño que no lo lograra. En sus propuestas, aparece una demanda que repiten con urgencia los candidatos: tecnología en el Poder Judicial. Sugiere “audiencias virtuales”. Probablemente en poco tiempo la IA nos va a ahorrar dinero en juzgadores. Y no sería raro que el algoritmo acabe por hacerlo algo mejor.
Las aspirantes a magistradas le han apostado más a la formación académica. Es más frecuente ver en sus perfiles maestrías, doctorantes o doctorados. Extraño que Zelandia Bórquez Estrada, doctora en derecho electoral y con una trayectoria sólida en instituciones y tribunales electorales, haya arrancado sin contenido en los perfiles que indicó para su registro como candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. En Facebook, no se puede entrar por un tema técnico. Las demás redes, vacías.
Otra aspirante a magistrada disciplinaria, la abogada barrista Marcela Patricia Gómez Sánchez, hace una propuesta interesante pero compleja de cumplir: “reducir la brecha que existe entre las decisiones judiciales y las expectativas sociales de la justicia”. Es grito abierto que la justicia que deseamos siempre queda muy lejos.
Hay perfiles de aspirantes a magistradas que brincan el estanco de la flema judicial. Rocío Hernández Cruz, consejera de la judicatura, recomienda en TikTok un libro contra el chantaje emocional y en Facebook presenta una muñeca juzgadora con kit al estilo Barbie, mallete, toga y balanza incluidos.
Que la población se asome a los perfiles y campañas de los aspirantes a juzgadores y juzgadoras para valorar no es hasta ahora muy exitoso. Salvo casos como el del exsecretario de Gobierno Héctor Vega Niño, apenas tienen interacciones o rastro de haber sido visto y atendido de manera orgánica.
De mal fario que no haya quien diga como garantizará su independencia y probidad en un sistema tan vulnerable al compromiso político. Las campañas apenas inician, sí, pero ya es hora de dar respuestas a esta pregunta crucial y de aterrizar propuestas claras y debatibles.
