El Gobierno mexicano no tendrá control operativo ni administrativo sobre las 13 centrales de generación eléctrica de la empresa española Iberdrola que fueron pagadas con fondos públicos.
Aunque el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ha destinado 2 mil 420 millones de dólares para la compra, las plantas serán administradas por un fondo privado: México Infraestructure Partners (MIP), mediante un fideicomiso de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD).
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó el pasado 13 de febrero la adquisición, pero condicionó la operación para que el Estado no interfiera en la operación de las centrales en el mercado.
“Ni en la operación de las centrales eléctricas o en cualquier decisión relativa a precios, volúmenes de generación de energía o algún otro aspecto similar, por lo que MIP será quien tenga el control de la gestión y administración de dichas centrales”, dice la resolución CNT-101-2023.
Además de los recursos del Fonadin, el pago total de 5 mil 883 millones de dólares a Iberdrola fue financiado con préstamos de Nafin, Bancomext y Banobras.
Conforme las condiciones establecidas por la Cofece, Fonadin conservará máximo 51 por ciento de la participación en el Fideicomiso.
Para ello, en las próximas semanas tendrá que lanzar certificados bursátiles para que Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) los compren y se diluya la participación gubernamental en las 13 plantas.
Las plantas de Iberdrola tienen contratos para proveer toda su energía a la CFE, pero una vez que expiren, podrán vender libremente a cualquier cliente, compitiendo con la empresa estatal.
Otra condición de Cofece fue que el Fonadin no pueda remover libremente a MIP como administrador del fideicomiso, o que funcionarios de cualquier dependencia, incluida la CFE, puedan participar en su Comité Técnico o dar cualquier tipo de asesoría o servicio a las plantas.
Asimismo, para adoptar ciertas decisiones relevantes, se requerirá el voto de más de la mitad de los tenedores de certificados bursátiles independientes, es decir, inversionistas privados sin relación con el Fonadin.
