Expertos señalaron diversas implicaciones de la reforma judicial en México, destacando su impacto en la independencia de los jueces y el entorno económico del país. En el foro “Reforma Judicial ¿Y ahora qué sigue? Perspectivas económicas y legales de la nueva realidad”, organizado por Industriales Potosinos A.C. (IPAC), se discutieron los riesgos asociados a esta reforma.
El magistrado en retiro Salvador Ávila Lamas afirmó que el objetivo final de la reforma es consolidar jueces sin independencia. ““jueces a modo, tener juzgadores carentes de independencia y si alguno se atreviera a opinar en contra del Ejecutivo y Legislativo se crea un Tribunal de Disciplina Judicial y las sanciones no admiten ningún recurso”, mencionó. Ávila también advirtió sobre la imposibilidad de recurrir al amparo, lo que obligará a llevar litigios a instancias internacionales debido a la creciente desconfianza en el sistema judicial mexicano.
Además, la reforma limita el uso de recursos públicos para campañas de jueces, magistrados y ministros, lo que, según Ávila, podría permitir la intervención de la delincuencia en estos procesos. También lamentó la prohibición de fideicomisos en el Poder Judicial, lo cual debilitará la capacitación y creación de tribunales.
Por su parte, el economista Javier Rueda Castrillón señaló que la reforma judicial afectará la confianza de inversionistas y el crecimiento económico de México. Subrayó que la autonomía del Banco de México se ha debilitado, lo que ha generado incertidumbre. Además, alertó que proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles no son sostenibles económicamente, lo que contribuye a la disminución de la inversión extranjera directa y el debilitamiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Ambos expertos coincidieron en que las reformas judiciales no solo afectarán la estabilidad legal, sino que también tendrán un impacto negativo en la economía y el bienestar general del país.
