Quiso presentar denuncia pero sólo se burlaron de él, lo confundieron con Uber.
En las grúas le cobraron el 300 por ciento más que en un caso normal de arrastre y pensión.
Los responsables ya fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y la Comisión de Derechos Humanos.
Inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en complicidad con personal de Grúas Oro, ahora se dedican a extorsionar y amenazar a personas que consideran que proporcionan servicios de transporte particular en la modalidad de Uber o InDriver. En esta ocasión, la víctima, de nombre Alberto Rosa es una persona con discapacidad.
Era el 13 de julio del año en curso, cuando inspectores de la SCT Estatal abordaron al señor Alberto Rosa acusándolo de prestar servicio a través de las plataformas digitales de transporte en San Luis Potosí, sin concederle el derecho de audiencia, lo levantaron (literal) con la complicidad de personal de Grúas Oro, lo amenazaron, lo extorsionaron y sin mayor protocolo, se llevaron su vehículo a los patios de pensión.
Los inspectores nunca se percataron de que la persona a la que acusaban de proporcionar servicios por medio de plataformas irregulares, por lo que la víctima presentó denuncias ante las autoridades correspondientes y la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, pasado un mes, nadie le ha hecho caso sino que, por el contrario, en la secretaría sólo se burlaron de él cuando intentó llegar el secretario Fernando Chávez Méndez, a quien pretendía pedir ayuda ante el abuso de sus subordinados.
Los funcionarios que ahora ocultan sus rostros con los cubrebocas ni siquiera lo escuchaban y, sin ninguna prueba de sus acusaciones, le quitaron su vehículo. Son ellos el mismo crimen organizado porque cuando se necesita una grúa se batalla para que llegue, pero en esa ocasión llegó en menos de tres minutos.
Los inspectores aferrados a su dicho, no pudieron probar que el señor Rosa realizaba el servicio de transporte privado pero lograron que Grúas Oro le cobrara 5 mil pesos por solo un día en la pensión, según dijeron, porque debía dejarlo ahí al menos 10 días hasta que se aclare si presta o no algún servicio.
El hecho, provocó, inclusive, que algunos vecinos intentaran defenderlo, pero los enloquecidos inspectores procedieron en su contra.
Al día siguiente, cuando la víctima intentó recuperar su vehículo, le dijeron que tenía que ir primero a pagar una multa a finanzas sin que se justifique la sanción pues no hay prueba de que estuviera haciendo alguna cosa ilegal o indebida. La multa aplicada fue del 26 mil 064 pesos.
El señor Rosa solicita que lo atienda el titular de la SCT para que conozca de los abusos cometidos por sus subordinados aprovechando el cargo que tienen y a ver si le pueden explicar los negocios que hacen por fuera con las grúas para que dejen de molestar a las personas. Tras los hechos, pide justicia pues, además de lidiar con una discapacidad, tuvo que soportar las humillaciones y pagar las elevadas multas.
