Integrantes de la Coordinadora por la Defensa del Agua en la Huasteca aseguraron que la región se encuentra «blindada» frente a posibles proyectos de fractura hidráulica, al considerar que el rechazo social, los acuerdos de cabildo y los reglamentos municipales aprobados en diversos ayuntamientos constituyen una sólida defensa jurídica y comunitaria contra esta práctica.
Durante una rueda de prensa, Rogelio del Rosal, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, rechazó la posibilidad de que exista un «fracking sustentable», luego de que un grupo de especialistas entregó al Gobierno Federal un análisis sobre la viabilidad de esta técnica en México.
«No hay fracking amable, ni sustentable, ni limpio; no existe en México ni en ninguna parte del mundo», afirmó.
Señaló que ahora corresponde a la Presidencia de la República fijar una postura oficial, aunque sostuvo que en la Huasteca el rechazo a esta actividad ha quedado demostrado a través de asambleas, foros y pronunciamientos municipales.
Explicó que, desde la perspectiva de las organizaciones ambientales, la fractura hidráulica resulta inviable por los riesgos que representa para el agua, el aire, los suelos y el territorio, además de las afectaciones sociales, económicas y culturales que podría generar en la región.
Del Rosal indicó que los pozos existentes en municipios como Ébano y San Antonio fueron perforados hace varios años, pero actualmente no se encuentran en operación.
Por su parte, Rosa de la Peña señaló que existen más de dos mil estudios científicos a nivel internacional que documentan los impactos del fracking sobre la salud y el medio ambiente. Añadió que también existen testimonios de comunidades como Papantla, Veracruz, donde, aseguró, la fractura hidráulica contaminó cuerpos de agua y provocó el deterioro de tierras agrícolas.
Los ambientalistas insistieron en que los municipios deben avanzar no solo en la aprobación de actas de cabildo, sino también en la creación de reglamentos sobre uso de suelo, como el recientemente aprobado en Ciudad Valles, al considerar que estos instrumentos fortalecen la defensa legal frente a cualquier intento de desarrollar proyectos relacionados con la fractura hidráulica.
Rogelio del Rosal recordó que los ayuntamientos son la única autoridad facultada para autorizar cambios de uso de suelo, por lo que calificó estos reglamentos como una herramienta jurídica de gran importancia, especialmente en zonas donde prevalecen derechos colectivos de comunidades indígenas.
Finalmente, expresó confianza en que las autoridades judiciales actúen conforme a derecho y consideró poco probable que empresas pretendan invertir en una región donde existe una amplia organización social en defensa del territorio.
«Fundamentalmente la Huasteca está blindada y no debemos permitir que en un solo centímetro de nuestro territorio se practique el fracking», concluyó.
