Que el Gobierno sea transparente, es un básico exigible, pero también que lo sean los legisladores. Aumentar la deuda de un gobierno nunca ha sido popular. La ocasión se ha prestado muchas veces para que legisladores se opongan con más fines de medro que de genuino interés de los ciudadanos.
Adriana Ochoa
La imagen se repite, procedente de muchos lugares del mundo: instituciones gubernamentales de asistencia, organizaciones civiles solidarias, bancos de alimentos, ciudadanos que deciden actuar ante la emergencia o fundaciones, recolectando, empaquetando y distribuyendo alimentos para los más vulnerables ante el frenazo económico causado por el coronavirus.
La foto más sorprendente de entregas despenseras la emitió AP ayer: Suiza, uno de los países de mayor renta en el mundo, con largas filas de sus ciudadanos más pobres en la entrega de unas despensas en unas bolsas tan bonitas que acá pasarían por ser de tienda departamental. Hace algunos años, Hoteles.com creó el Club Sándwich Índex (CSI), un reporte que revela los precios de alimentos en el mundo: Ginebra es la ciudad más cara para un club sándwich (más de 450 pesos) y para una hamburguesa con papas y un refresco (casi $600).
El pie de foto subrayaba lo infrecuente de que se deje ver en ese país la pobreza, pero el virus que ha sido feroz con la economía también los sacó a la calle a hacer fila por una bolsa de básicos. En nuestro San Luis con más de la mitad de la población en la economía informal (50.8%), que necesita salir a la calle para conseguir un ingreso, el sector vulnerable tiene ya afectaciones serias.
Los gobiernos de los tres niveles ya han hecho un gorro de papel con sus presupuestos. Los gastos imprevistos en materia de salud han sido fuertes y desde hace más de un mes que Finanzas estudia diferentes alternativas para ver de dónde tira, pues la Federación está visto que no va a poner lo necesario. Los gobernadores tuvieron una videoconferencia con el secretario de Hacienda el jueves y la petición fue generalizada: recursos urgentes.
Ya habíamos adelantado en este espacio el pasado mes la posibilidad de que el Gobierno del Estado solicitara un crédito, porque las medidas de austeridad y contención no serán suficientes. También se consideró “patear” las obras pendientes hasta 2021. Ahora sabemos que también consideran cubrir la mitad de ese crédito con el terreno que la Ford iba a ocupar con su malograda armadora en San Luis.
Poca gracia le hace a Juan Manuel Carreras la idea de cerrar su gobierno con un incremento a la deuda que se había conseguido bajar algo en capital en cinco años, pero no se ve de otra. No solo porque el gasto en salud se disparó por emergencia, sino porque tiene además que invertir en apoyar en algo la actividad económica y atender con asistencia alimentaria básica a los más pobres. Por lo menos su administración no se quedó con algún proyecto que implicara deuda en medio de todo esto. El terreno de Tamuín para el aeropuerto ya se pagó; muy probablemente sea la Federación la que se tarde en cumplir, pero por el gobierno estatal no queda.
La posibilidad del crédito ya hizo saltar a los diputados no priistas, en distintos tonos. Hay una propuesta interesante de los panistas: vendan los invernaderos de Santa Rita y El Huevo, nunca claros en sus manejos, con grandes reportes de ingreso que no se ven en ninguna parte, sueldos estratosféricos de sus directivos, “comisionados” de la Sedarh que en vulgaris castellanum son “aviadores” y la sospecha, nunca bien replicada por gobierno, de ser una caja chica a disposición.
El objetivo noble de replicar la agricultura bajo techo por toda la entidad nunca se cumplió, salvó para uno de los hijos del ex gobernador Toranzo, con apoyos federales. Habido su historial de opacidad y dudas públicas nunca resueltas, los invernaderos paraestatales son siempre un excelente argumento para demandar al gobierno cuentas claras. Ni se enojen, quién les manda tantos años de manejos bajo plástico nada trasparente.
Por el otro lado está la viabilidad de una venta bien hecha, suficiente y oportuna para evitar un préstamo. No lo tenemos cierto, pero hay versiones ya de quirografarios que van a hacerse más pesados de cubrir y con ese tipo de créditos es como han crecido los problemas de deuda pública al final de muchos gobiernos.
De la recaudación, mejor ni pregunten. Gobierno del Estado, y los ayuntamientos, tendrán que apoyar a muchos contribuyentes con descuentos, esperas o quitas. No tienen para pagar. No puede haber impuesto al hospedaje si cerraron más de 20 hoteles. Y se reduce el impuesto a nómina si se han perdido más de 12 mil empleos.
El Ayuntamiento capitalino también camina por el filito en sus finanzas. El Interapas salvó por los pelos el corte de energía eléctrica que pretendía aplicarle la muy piadosa y solidaria CFE de la 4T y Manuelito “Busy-business” Bartlett. El organismo operador de agua no pudo cubrir la factura de marzo y abril porque sencillamente los usuarios no se presentaron a pagar. Si la CFE corta, 120 pozos y el sistema de bombeo paran.
La COVID-19 ha dejado quebrados a gobiernos, empresas, profesionistas, prestadores de servicios comerciantes y un amplio segmento de población. Y va para largo. Nadie puede decirles a los desempleados cuándo recuperarán el trabajo, si en un par de meses o hasta el año próximo. O al empresario en cierre si volverá a abrir su negocio.
Tenemos pandemia, desastre económico y, desgraciadamente, tiempos electorales muy próximos. El paréntesis pandémico no puede continuar para los partidos, que ya buscan inquietos su posicionamiento.
Los endeudamientos de los gobiernos siempre son impopulares. Para algunos políticos con sentido de oportunidad, el anuncio de un crédito más les ha de provocar apariciones marianas: hay que plantarse con el “No” que apoyarán muchos, hay que exigir que se vendan los invernaderos sospechosos de siempre y hay que capitalizar políticamente todo.
Siempre es deseable que un poder Ejecutivo sea transparente con sus manejos, pero en igual medida hay que exigirlo a sus opositores. De oposiciones de felpa, dóciles y cansinas ya ha tenido mucho este país. También las hemos tenido faltonas de pago por evento, más nauseabundas por cuanto argumentan sus posiciones como un acto de representación de los intereses del pueblo.
No ha sido una la ocasión en la que un aumento a las tarifas de un servicio público, un crédito, una reforma constitucional o un nombramiento que requieren el parecer de los diputados, se convierte en una hermosa oportunidad de medro político, económico o de posiciones para estos señores.
El voto tiene precio. Y nuestros opositores navegan en un mar de secretas intenciones, rara vez en favor de sus representados. Con posiciones para los parientes y recomendados, con favores, con prebendas o con vulgar dinero, como se proyectó con el caso de las luminarias de Panavi.
Oponerse por oponerse, u oponerse para ver qué ganancia se obtiene, es tan irresponsable en la circunstancia actual como endeudar al Estado por mera incompetencia.
DINERO PARA REPARTIR. Cuando en el Poder Legislativo se busca eliminar las partidas “para dádivas”, el Trife obliga a la alcaldía de Villa de Reyes a “cumplir” con una partida de 20 mil pesos mensuales como “bono para cumplir con compromisos políticos y ciudadanos”, además de oficinas adecuadas y asistentes.
ALCALDESA EMPLAZADA. El dictamen del Trife tuvo que retomarlo el Tribunal Electoral local, que había fallado en contra de la promoción de tres regidores del cabildo villaregio. Pero la alcaldesa no atendió la instrucción y entonces vino un dictamen más, del Estatal, emplazando a la alcaldesa, Erika Briones, a cumplir en tres días con oficinas, dinero para dádivas y asistentes.
LARGA HISTORIA. El asunto viene desde una sesión ordinaria de Cabildo de 29 de julio de 2019, donde la regidora María Consuelo Zavala González, solicita al pleno la dotación de personal administrativo que funja como su asistente, así como de un bono para cumplir con compromisos políticos y ciudadanos. La moción que fue secundada por los regidores Carlos Gerardo Espinoza Jaime y Alma Graciela Segura Hernández.
ACUERDO DE CABILDO. En la sesión ordinaria del 05 de agosto de 2019, se acordó por mayoría de integrantes del pleno, designar la cantidad de $ 20, 000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de bono de apoyo a la ciudadanía para cada regidor y que los regidores indicaran del personal del Ayuntamiento a la persona que consideren la adecuada para asistente. En octubre siguiente, los regidores reclamaron el acuerdo y el pleno les desechó la propuesta. Promovieron entonces Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante la instancia local.
LOCALES, EN CONTRA. El Tribunal Estatal Electoral les falló en contra en noviembre y decretó improcedentes las prestaciones relativas a los gastos, viáticos (gasolina) y la asignación de recursos financieros para actividades que se requieran, porque no estaban en el presupuesto. Los regidores inconformes se fueron a la Sala Regional del Trife, que les dio la razón a finales de 2019. El tribunal local tuvo que sincronizarse con este dictamen, pero la alcaldía no hizo caso. Por eso el emplazamiento por incumplimiento.
