Una mujer originaria de Matehuala sufrió las consecuencias de una aparente negligencia en el Hospital Ignacio Morones Prieto. Inicialmente diagnosticada erróneamente, la paciente desarrolló cáncer cervicouterino, lo que finalmente resultó en su fallecimiento.
La paciente, aquejada de dolores abdominales, acudió al Hospital Central, donde le diagnosticaron miomatosis uterina. El personal del hospital indicó que la solución sería una cirugía para extraer el útero, pero tuvo que esperar aproximadamente seis meses mientras soportaba sangrado y dolor severo.
Desesperada por la falta de atención inmediata, se trasladó al Hospital General de Soledad, donde se le diagnosticó cáncer cervicouterino tras realizarse nuevos estudios. En este hospital enfrentó la falta de insumos y de especialistas.
Para deslindarse de la responsabilidad, el hospital trasladó a la paciente de regreso al Hospital Central, que también carecía de especialistas y equipos médicos necesarios. La ausencia de atención adecuada permitió que la enfermedad progresara y, finalmente, el hospital suspendió las quimioterapias, lo que condujo al fallecimiento de la paciente.
La familia presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la remitió al Colegio de la Profesión Médica para su evaluación. Aunque se realizó una investigación, el Colegio determinó que, a pesar de las pruebas aportadas por la familia, no se encontró negligencia.
El dictamen del Colegio de la Profesión Médica ha generado indignación entre la población, que considera que la falta de insumos y especialistas, junto con un diagnóstico incorrecto, son claros indicios de negligencia médica. Los documentos proporcionados por la familia de la víctima confirman que el personal médico admitió la falta de recursos y un diagnóstico erróneo en el Hospital Central.
La comunidad de San Luis Potosí expresa su preocupación por el deterioro del servicio de salud en el estado y teme que la falta de atención médica adecuada continúe afectando a los ciudadanos. Hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para implementar estrategias que mejoren, en lugar de perjudicar, la salud de la población.
A continuación, se presentan los documentos emitidos por los hospitales que evidencian el aparente diagnóstico incorrecto y la carencia de insumos en la atención urgente de la paciente.
