SANTA MARÍA DEL RÍO. – Lo que aparenta ser un simple movimiento administrativo dentro del DIF Municipal ha puesto en evidencia un patrón preocupante en la gestión de la alcaldesa Isis Ayde Díaz Hernández: el uso del poder institucional para desplazar a empleados incómodos y favorecer a familiares y aliados políticos.
Un trabajador del DIF denunció haber sido removido de su puesto en recepción para ser enviado al Departamento de Archivo Histórico, bajo el argumento de “falta de personal”. Sin embargo, fuentes internas aseguran que este tipo de cambios son una práctica habitual del actual gobierno municipal: reubicaciones arbitrarias destinadas a presionar a los trabajadores para que renuncien.
De acuerdo con el testimonio del afectado, quienes no ceden a la presión terminan despedidos, recibiendo liquidaciones mínimas disfrazadas de acuerdos para “evitar laudos laborales”. Estas acciones, además de vulnerar derechos laborales básicos, revelan una estrategia de control político dentro del Ayuntamiento, donde la lealtad partidista se impone sobre la capacidad y la experiencia.
El caso no es aislado. Dentro de la administración municipal, la colocación de familiares y allegados de Morena se ha vuelto una constante. Uno de los ejemplos más evidentes es el de Areli Vega Díaz, sobrina de la presidenta municipal, quien ocupa la titularidad de la Instancia de la Mujer, pese a su falta de preparación y experiencia en el área.
Este esquema de nepotismo se replica en distintos departamentos, donde hijos, hermanos y primos de funcionarios son integrados a la nómina, desplazando a trabajadores con trayectoria comprobada. Mientras tanto, quienes expresan opiniones críticas o se niegan a seguir órdenes políticas terminan relegados o despedidos.
Paradójicamente, el empleado removido contaba con reconocimiento ciudadano por su cercanía y atención al público, lo que vuelve su traslado aún más injustificado. En contraste, figuras como Margarita Hernández Bautista, actual directora del DIF, permanecen firmes en sus cargos gracias a su alineamiento incondicional con la alcaldesa y su partido.
La situación refleja un ayuntamiento fracturado: hacia afuera, las críticas por el abandono de colonias y comunidades crecen, mientras la administración intenta “compensar” con entrega de cemento y apoyos menores; hacia adentro, el malestar laboral y la censura definen el ambiente cotidiano. Lejos de representar un proyecto de transformación, la gestión de Isis Ayde Díaz parece consolidar una red de favoritismos y control político, donde los méritos se ignoran y la lealtad personal se premia. En Santa María del Río, la ética y el servicio público han sido relegados, y el mensaje para los trabajadores municipales es claro: callar, obedecer o salir.
