“Vi niñas con hijos que evidentemente no habían procesado todo lo que les había pasado”.
Esa imagen, de una menor de edad con un hijo, fue una de las más que le impactó a Mónica Maureira en su visita a la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano.
Maureira viajó allí como parte de una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) para evitar la violencia contra las mujeres en América Latina, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa zona donde residen unos 70.000 miembros de las comunidades awajún y wampis, se registra un problema que ha disparado las alertas de expertos y activistas: desde 2014 se ha contabilizado cerca de 1.000 denuncias relacionadas a abusos sexuales de menores, tocamientos y casos de violencia de género que no han sido atendidos por la justicia peruana. (Algunas entidades señalan que podrían llegar a 1.400 casos).
Esto ha derivado en una epidemia de contagios de VIH entre menores de edad (incluso en niños y niñas de 3 y 4 años), decenas de casos de embarazo adolescente y una crisis de salud mental que se manifiesta en un aumento de los casos de intento de suicidio de adolescentes en estas comunidades.
“Cuando llegamos a la visita nos enteramos del caso de una joven que había intentado quitarse la vida bebiendo shampoo y cuando nos fuimos nos informaron de otro caso”, le dice Maureira a BBC Mundo.
La principal denuncia fue formulada por la Defensoría del Pueblo en 2024, cuando reunió graves testimonios de lo que ocurría dentro de los centros educativos de la provincia, ubicada en el norte de Perú.
En dicho informe, la entidad señalaba que se habían registrado al menos 500 casos de acoso sexual en los colegios con mayoría awajún y wampi. La denuncia provenía de un clamor colectivo, en una campaña liderada por una persona: Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.
