SANTA MARÍA DEL RÍO, S. L. P. – El 1 de junio del año pasado, el reportero de este Medio Informativo fue objeto de empujones y amenazas por parte de algunos elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Santa María del Río, el principal agresor fue uno de los tres que fueron detenidos y luego liberados por el probable delito de desaparición forzada.
Por cuestiones burocráticas, la denuncia en la Unidad Especializada para la Protección a Migrantes, Periodistas y Derechos Humanos, en San Luis Potosí, se presentó el 3 de junio, también fue contactado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde, a instancias de ellos, luego de varios telefonemas que le hicieron, acudió a presentar una queja formal.
Total, hasta el momento nada se ha resuelto, lo que indigna es que a su nieto, un adolescente de 15 años, también fue objeto del abuso policial de autoridad, obligado a bajar del vehículo donde viajaban para esa famosa revisión de rutina. Luego, como criminales no les permitieron retirarse y por órdenes del tipo que se dice “policía de carrera” y conocedor de los protocolos que se deben aplicar, dio instrucciones para que les tomaran fotografías y video. No les permitieron seguir su camino, a entregar los ejemplares de Región Centro, debieron dar vuelta y regresar. Cuando lo hacían los insultaron, mentadas de madre y así, cosas ofensivas.
Lo curioso es que, quien se dice Policía de Carrera, ahora se queja de la forma como lo detuvieron los agentes policiales, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra y a otros dos elementos. Dice sentir temor a que le vayan a volver a detener, por cualquier otro delito, “fábrica”, como se llama en el argot policial cuando se fabrican delitos.
Quien nada debe, nada teme.
Dice haber sufrido daño psicológico por la detención, si un tipo de más de 50 años de edad sufrió daño psicológico, ¿cuál sería el daño psicológico que sufrió o sufre el adolescente?.
Sería interesante saber en qué protocolo se basó, o sustentó su acción, para ordenar tomar video y fotografías al menor, ¿qué uso les dio, les ha dado o pretende dar?.
Parece que tiene muy bien acuñada la frase de; “hago responsable de lo que me llegue a pasar”, porque eso dijo en la parodia de “Conferencia de Prensa” a la cual convocó, con respecto a los agentes que le detuvieron. Igual dijo al reportero de Región Centro. Es decir, aparte de la agresión, resulta que el malo era el reportero.
Al reportero le despojaron de su teléfono celular, borraron el material que llevaba, porque no quería que se evidenciara de manera pública su abyecto proceder. Quien se dice conocedor de los protocolos ignoró el derecho que tiene cualquier ciudadano de videograbar o tomar fotos a cualquier servidor público, y en este caso un agente policial es servidor público.
Los protocolos hay que conocerlos y aplicarlos, no sacar la palabra de la chistera para que sepa la gente que la conoce, aunque desconozca su aplicación.
Dice el policía que se pondría de acuerdo con sus abogados para acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja contra quienes los detuvieron, hace bien, lástima que esa comisión está de lo más devaluada por su proclividad a defender delincuentes, la ciudadanía perdió la confianza en ella.
Finalmente, solo resta aclarar que los abogados coadyuvantes que han patrocinado al reportero, son pagados por la empresa donde trabaja, no son pagados con dinero del pueblo.
