Las medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han comenzado a reflejarse con severidad en el Altiplano potosino, donde miles de familias dedicadas a la producción agrícola enfrentan la reducción de ingresos y oportunidades laborales. El arancel del 17 por ciento al jitomate mexicano, junto con otros ajustes a productos agrícolas, ha generado una cadena de efectos negativos que se traducen en menor demanda externa, renegociación de contratos y caída en los precios pagados al productor.
San Luis Potosí, uno de los principales exportadores nacionales de jitomate, chile y hortalizas, resiente el golpe particularmente en municipios como Cedral, Matehuala, Villa de Arista y Rioverde, donde la agricultura es motor económico. Productores y autoridades locales reportan contratos renegociados a la baja, desvíos de exportaciones y la necesidad urgente de buscar nuevos mercados ante la pérdida de competitividad en el comercio con Estados Unidos.
Los efectos ya se sienten en el terreno: márgenes de ganancia más reducidos, inventarios acumulados, menor inversión y, en algunos casos, suspensión de siembras o reducción de jornales. El encarecimiento de la logística y la incertidumbre en el mercado externo han puesto en riesgo la estabilidad de comunidades rurales que dependen directamente de la actividad agrícola y ganadera.
Aunque el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han planteado estrategias de diversificación hacia Asia y América del Sur, productores advierten que estas medidas requieren tiempo, inversión en infraestructura y adaptación de estándares fitosanitarios. Mientras tanto, la vulnerabilidad persiste, especialmente para las pequeñas y medianas unidades productivas, que carecen de liquidez suficiente para soportar la volatilidad comercial y el aumento en los costos de insumos y maquinaria.
La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y otras organizaciones del sector han reiterado la urgencia de diversificar los destinos de exportación, fortalecer los canales de comercialización internos, y crear esquemas de financiamiento y seguro agrícola que mitiguen las pérdidas. La política arancelaria estadounidense marcó un punto de inflexión para 2025 y obliga a San Luis Potosí a replantear su estrategia agroexportadora, con el reto inmediato de proteger el ingreso rural y mantener la sostenibilidad del campo potosino ante un entorno internacional incierto.
