ZARAGOZA. — La disputa por la propiedad y presunta venta irregular de terrenos llevó a habitantes de distintas comunidades de Zaragoza a manifestarse sobre la carretera a Rioverde, donde exigieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y cuestionaron la actuación del Ministerio Público de ese municipio.
Habitantes de comunidades como San José de Gómez se concentraron a la altura de la carretera Rioverde, pasando el Autódromo, para hacer pública una serie de señalamientos que, según expusieron, estarían relacionados con un conflicto por terrenos y con actuaciones que atribuyen a una abogada identificada como Francisca N.
Durante la protesta, los inconformes solicitaron que el Ministerio Público de Zaragoza sea separado del caso, al considerar que no ha actuado con imparcialidad en las denuncias que han presentado.
Uno de los asuntos que motivó la movilización está relacionado con la detención de Joaquín N., a quien, de acuerdo con la versión de sus familiares, Francisca N. señala como presunto responsable de haber cometido un abuso contra una de sus cuñadas.
La tía del detenido rechazó públicamente esa acusación y sostuvo que Joaquín no habría cometido la conducta que se le atribuye.
La familiar también afirmó que, contrario a lo señalado contra su sobrino, habría sido la mujer quien previamente agredió a un hermano de Joaquín. Estos señalamientos corresponden a la versión de la familia y deberán ser esclarecidos por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.
Los manifestantes aseguraron además que el conflicto tendría como origen una presunta venta irregular de terrenos. Según su denuncia, la abogada, un hermano y una cuñada estarían ofreciendo predios que, sostienen, no les pertenecen.
Los inconformes señalaron que ya acudieron ante el Ministerio Público para presentar denuncias, pero acusaron que sus señalamientos fueron minimizados por el representante social, quien presuntamente les habría dicho que se trataba de “chismesillos” y que las denuncias no prosperarían.
Añadieron que, pese a ello, posteriormente se emitió una orden de restricción para impedir que una de las personas involucradas se acercara a Francisca N. Los habitantes afirmaron que también acudieron ante la Fiscalía General del Estado, donde, según su versión, recibieron una respuesta similar.
Ante la falta de avances que, aseguran, han encontrado por las vías institucionales, decidieron llevar públicamente sus inconformidades y exigir que las autoridades revisen tanto las denuncias relacionadas con los terrenos como las actuaciones del Ministerio Público.
