La “Ley Malena” en México es una reforma legal que tipifica y sanciona con mayor severidad los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, reconociéndolos como una forma extrema de violencia de género. El nombre de la ley honra a María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, perpetrado presuntamente por su expareja, un político local. Desde entonces, Ríos se ha convertido en una activista clave en la lucha por visibilizar y castigar este tipo de agresiones.
Los ataques con ácido en México han sido históricamente subregistrados y tratados como simples lesiones. Según la Fundación Carmen Sánchez, en 2022 se registraron 105 ataques con sustancias corrosivas, pero solo 28 fueron denunciados formalmente. El 85% de estos ataques fueron cometidos por hombres, generalmente parejas o exparejas de las víctimas.
La “Ley Malena” ha sido un parteaguas en el reconocimiento de la “violencia ácida” como una forma específica y grave de violencia de género. Gracias al activismo de mujeres como María Elena Ríos, Carmen Sánchez y otras sobrevivientes, este tipo de violencia ha sido incorporado en el Código Penal y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en varias entidades federativas.
Aunque la ley no puede aplicarse retroactivamente al caso de María Elena Ríos, su lucha ha sido fundamental para visibilizar esta problemática y promover cambios legislativos en México.
Hasta marzo de 2024, varios estados mexicanos han aprobado reformas inspiradas en la “Ley Malena”, incluyendo: Ciudad de México: contempla penas de hasta 12 años de prisión, que pueden extenderse hasta 30 años si el ataque causa lesiones graves o se considera intento de feminicidio. Puebla: fue el primer estado en modificar su legislación en marzo de 2023. Baja California, Quintana Roo, Colima y Campeche: también han legislado en el mismo sentido.
Sin embargo, estados como Oaxaca, de donde es originaria María Elena Ríos, aún no han incorporado estas reformas en su legislación local.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la Ley Malena en una sesión plenaria realizada en Ciudad Valles el 25 de abril de 2025. San Luis Potosí se convierte en la entidad número 14 en el país en contar con esta tipificación del delito de violencia ácida.
La Ley Malena en San Luis Potosí contempla penas de entre ocho y 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas por el ataque. Busca establecer la violencia ácida como aquella que pretenda causar daño físico irreversible que lastime, altere y/o cause alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones en órganos internos, externos o ambos.
Esta ley en San Luis Potosí es un paso importante en el reconocimiento y sanción de la violencia ácida como una forma grave de violencia de género. Aunque no se dispone de cifras exactas sobre la incidencia de estos ataques en el estado, se han documentado casos, como el de una mujer atacada con ácido en 2021.
