Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó el pasado viernes que avala la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al general Salvador Cienfuegos, que determinó que no hay elementos probatorios para poder juzgar a quien fuera titular de Sedena durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde Palacio Nacional lanzó fuertes cuestionamientos a la DEA.
“¿Por qué hicieron una investigación así, sin sustento ni pruebas?”, lanzó el presidente en referencia a la agencia estadounidense, sin dejar de señalar que la detención del general ocurrió en las vísperas de las elecciones. “Ya el general Cienfuegos, de acuerdo con la información que tenemos, había estado en EU en marzo, de visita con su familia. A lo mejor no habían terminado de investigar”, sostuvo.
La resolución fue dada a conocer ayer por la tarde, a tan solo tres meses de la detención del ex secretario de la Defensa. En su comunicado, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero explicó que determinaba “el no ejercicio de la acción legal” contra Cienfuegos considerando que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, no tienen valor probatorio para iniciar un juicio en su contra. Descartó así que hubiera evidencia de lazos con el cártel de Beltrán Leyva.
Es una resolución que no debe sorprender. Desde que el general fue devuelto a México por las autoridades estadounidenses, en medio de duras críticas por parte del ala demócrata, en las reuniones en Palacio Nacional ya se señalaba que las pruebas contra Cienfuegos, enviadas por el Departamento de Justicia, eran evidencias recopiladas por la agencia de manera ilegal, como es el caso de audios entre Cienfuegos y supuestos miembros de dicho grupo delictivo.
Por la mañana del pasado viernes, 15 de enero, fue el primer tema abordado por el mandatario en su conferencia. En su discurso, habla de la acusación de la DEA como una fabricación de delitos: “Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos. Nadie debe actuar de esa manera. Tampoco aceptaremos intimidación”, dijo desde Palacio Nacional. Explicó que, si bien este tema correspondió a la Fiscalía, “el Gobierno lo avala, lo respalda”.
También aseguró que hará público todo el expediente sobre este caso enviado por el gobierno de Estados Unidos “para que haya transparencia y pueda ser consultado, investigado por quien lo desee”, afirmó. De igual manera, dijo que si la DEA responde que tienen pruebas de otro tipo, será dado a conocer.
El presidente no dejó de lado el tono desaprobatorio contra el actuar de las autoridades estadounidenses por no haber avisado al gobierno mexicano sobre la investigación que realizaban a pesar de los acuerdos de cooperación, aunque reconoció que posteriormente hubo apoyo de la fiscalía estadounidense cuando se pidió toda la información. Cabe recordar que tras este caso, el gobierno lazó la propuesta para limitar la acción de las agencias extranjeras en territorio mexicano.
“Se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió el procedimiento”, dijo.
Con esta afirmación también se defendió ante sus críticos, pues aseguró que por tratarse de una investigación estadounidense no era garantía de que fuera profesional o significara ya sentencia, descalificando la resolución mexicana. “Hay que ser objetivos, porque en este caso, con todo respeto, los que hicieron esta investigación no actuaron con profesionalismo”, acusó.
