La administración del presidente Donald Trump agregó como blanco de deportaciones masivas expeditas a unos 750 mil migrantes que Estados Unidos había permitido ingresar al país por razones humanitarias, incluidas las urgencias médicas y la persecución del crimen organizado.
El gobierno canceló la protección ante deportaciones que tenían quienes cruzaron la frontera bajo el programa de libertad condicional por razones humanitarias, aproximadamente entre el 2020 y el 2024.
Aunque el gobierno carece de datos públicos sobre nacionalidades, el grupo integra a personas que en esos años huyeron del crimen organizado en México, principalmente de los estados de Guerrero y Michoacán.
Una corte de apelaciones refrendó a la administración Trump una orden del año pasado para deportar rápidamente a los beneficiarios del programa.
Con base en esa autorización, las cortes de migración ahora llevan a cabo “audiencias colectivas”, en las que deciden al mismo tiempo sobre unos 50 casos. Los migrantes, que presentaron todas sus evidencias al ingresar al país, ya no pueden entregar más pruebas durante las audiencias.
El programa fue diseñado para ayudar a migrantes que, pese a urgencias, permanecían indefinidamente en la frontera mexicana bajo el programa “quédate en México”.
La libertad condicional humanitaria permitió a los migrantes con pruebas, con pasaporte vigente, pero sin cubrir los requisitos para obtener visa, cruzar la frontera por periodos renovables de dos años, si alguien respaldaba sus gastos durante su estancia en Estados Unidos. Básicamente sirvió para que los migrantes entraran al país, y, una vez dentro, solicitaran asilo. Pero las cortes de migración saturadas y con miles de casos de diversos tipos acumulados, solo tramitaron a unos cuantos solicitantes de asilo.
De todos los migrantes bajo libertad condicional humanitaria, solamente la mayoría de los cubanos se libra de deportación, pues Estados Unidos les ofrece el privilegio obtener la residencia legal permanente al cumplir un ano y un día de solicitarla.
